Como uno más, de los llamados pomposamente “Concursos Públicos”, se anunció hace pocos días, mediante páginas completas de la prensa libre, –aunque seriamente vigilada desde el poder- la apertura de uno convocado por el Consejo Nacional Electoral, al que merece ser destacado como sumamente importante y de primer nivel. Se fundamenta en el mandato estipulado en el art. 207 constitucional para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –CPCCS- en número de siete. Esta creación jurídica fue la que absorbió la capacidad jurídica de elegir: 1. Al Consejo de la Judicatura por seis años; 2. A la Corte Nacional de Justicia por nueve años, 3. Al Contralor; 4. Al Procurador General del Estado; 5. Al Fiscal General; 6. A los 5 miembros del Consejo Nacional Electoral por seis años; 7. Al Tribunal Contencioso Electoral; 8. Al Defensor del Pueblo; y, 9. A los superintendentes de Bancos, de Compañías, de Telecomunicaciones, y de Información y Comunicación por cinco años. ¿Habrán sido conscientes los asambleístas del inmenso poder electivo que estaban entregando a siete personas?
Estas altas dignidades son imprescindibles para el funcionamiento de instituciones públicas en una democracia; fueron nominadas por los congresos en nuestra vida republicana. Ahora, con el mandato del art. 209, son comisiones ciudadanas de selección, las que previo concurso público de oposición y méritos, las que poseen ese inmenso poder selectivo y electivo para proclamar a los vencedores. En consecuencia, el Cpccs nominará a los titulares de las nueve entidades, que siempre lo hacían los congresos, hoy Asamblea. Lo hacen quienes no son fruto de una elección universal y abierta, esto es del voto del pueblo en las urnas. Ya no es la voluntad de nuestro pueblo ejercida por el pluripartidismo, sino por aquel círculo cerrado y concentrado de un Consejo de siete voluntades que piensan uniformemente para consolidar el unipartidismo, y así fortalecer al magnificente poder de quien ejerce la Presidencia de la República en su noveno año, y que se proyecta hacia otra reelección para seguir en el poder desde el año 2017.
Esta nominación concluirá en julio del 2015, en un panorama de silencio popular que avanzará a 30 meses, y con ausencia de eventos electorales, que incluyen también las convocatorias a consultas populares de trascendencia, en medio de una crisis económica evidente por factores del endeudamiento externo, especialmente a China, del precio del petróleo a la mitad de lo presupuestado en USD 79,80, y de propuestas de reforma a la estructura misma del Estado y sus instituciones, calificadas como simples enmiendas por la Corte Constitucional, entidad subordinada al poder absoluto presidencial.
¡Quizá actúen en contra de la continuidad del correísmo, y con ello la existencia del Cpccs, estos factores: 1.- El debilitamiento en Venezuela del actual Gobierno; 2.- El acercamiento de Cuba a los Estados Unidos, previo el respeto a la oposición; y, 3.- La salida de Cristina Kirchner de la Presidencia argentina!.