Luego de ver las consecuencias de un año de recesión, la primera lección que deja el 2016 es que el Ecuador necesita reconstruir con urgencia un fondo de estabilización.
Como cualquier país que depende de una materia prima como el petróleo, los recursos para construir ese fondo debieran salir de las exportaciones petroleras, las cuales están sujetas a cambios abruptos de precios en el mercado internacional.
La historia muestra que la volatilidad en los precios del petróleo ha marcado el desempeño económico e incluso político del país, pues las crisis políticas han coincidido con precios bajos del hidrocarburo.
El 2016 empezó con un precio cercano a los USD 20 por barril y termina sobre los 40. A eso se llama alta volatilidad.
Y las consecuencias han sido evidentes. El Gobierno, que ha expandido el gasto público al ritmo de los precios del petróleo, no ha podido ajustar el tamaño del Estado a la nueva realidad. Y la salida para mantener funcionando el modelo ha sido disparar el endeudamiento público, a cualquier costo. O subir los impuestos para financiar una catástrofe natural, que también es previsible en un país de alto riesgo sísmico.
Ahora que el Gobierno quiere incursionar en la gran minería, que es otra materia prima con precios volátiles, el fondo de ahorro vuelve a ganar importancia, pues el país puede repetir los errores del pasado.
Y antes que eso ocurra hay que pulir el acuerdo sobre la explotación minera. El conflicto minero en Panantza se ha salido de las manos y deja ver que el Diálogo Minero que se llevó a cabo hace siete años dejó cabos sueltos que hoy salen a flote. Hay la sensación que ese diálogo fue de una sola vía, lo cual no es difícil de creer porque lo mismo ha ocurrido en la Asamblea, donde las leyes se han aprobado gracias a la fuerza de la mayoría oficialista.
Esa práctica también explica por qué al Gobierno le resulta difícil pasar de una economía basada en el Estado a otra basada en el sector privado, con el cual se ha dialogado poco.