Con miras a las próximas elecciones del 2013 convendría que los diversos sectores políticos empezaran a definirse y tomar acciones. Si bien lo ocurrido en otros países no pasa de ser un referente, hay un denominador común en todas las situaciones de crisis política que se llama concertación. El modelo de la transición española no es repetible, por cuanto el país se encontraba, después de cuarenta años de totalitarismo, en la alternativa de continuar con el sistema o de encontrar una salida democrática. Lo segundo pudo lograrse gracias a la capacidad de diálogo y al entendimiento de fuerzas políticas históricamente opuestas, que cedieron posiciones y renunciaron a exigencias ideológicas, para alcanzar un propósito común: la restauración de la democracia. También es una referencia el comportamiento de los políticos y la sociedad chilena, que construyeron democracia sobre el cadáver de una dictadura que dividió la nación entre buenos y malos. Los dos ejemplos tienen en común el diálogo y la decisión de los políticos para poner un proyecto compartido sobre los intereses partidistas o de grupo.
Más próximo a nosotros es el acuerdo entre partidos políticos venezolanos a raíz del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Sus dirigentes convinieron en el llamado pacto de Punto Fijo, propuesto por Rómulo Betancourt, una de las figuras más notables del continente, al que Chávez aborrece, sin duda por haber sido un demócrata a carta cabal. Punto Fijo es un acuerdo básico, por el cual los partidos se comprometieron a defender la Constitución, respetar el resultado electoral, conformar un gobierno de unidad nacional y elaborar un programa de gobierno mínimo.
Dadas nuestras circunstancias nacionales, el plan debería ser menos ambicioso. Parece ilusorio pretender que las fuerzas políticas renuncien a su identidad y se abstengan de proclamar sus propios candidatos. Desde la perspectiva del electorado, no sería honesto privarles de la posibilidad de escoger la opción que más se aproxime a su personal convicción. De triunfar uno de esos candidatos, el compromiso consistiría en apoyar la gobernanza y prestar leal apoyo al presidente electo. Lo que sí es viable es concordar listas únicas para legisladores y autoridades seccionales, con el propósito de tener la más amplia representación en la Asamblea Nacional. Y desde ella restablecer la República y la división de poderes que la acompañan, rescatando las competencias que le corresponden como representante del pueblo. La Corte Constitucional debe ser reducida al control de la constitucionalidad, privándole de las facultades legislativas e interpretativas con las que invade al poder legislativo. En resumen, el gran pacto sería restaurar los valores y procedimientos de la democracia representativa, desmontando la autocracia.