El plan del Gobierno para afrontar la pandemia del covid-19 tiene datos generales sobre el impacto económico de la pandemia, no se conoce el presupuesto real para afrontar la crisis y por ende tampoco hay certezas de los objetivos para reducir la pérdida de empleos o la caída de la pobreza, que serán inevitables en una escenario de recesión.
Por eso es irreal esperar que las medidas planteadas apunten a una recuperación económica en forma de ‘V’, como señalaron las autoridades la semana pasada cuando defendieron las propuestas para que empresarios y trabajadores de mayores ingresos contribuyan para atender las necesidades de quienes están en problemas.
Antes de la pandemia se esperaba que la economía apenas crezca 0,7% este año. Ahora las autoridades estiman que variará entre -3% y -7%.
El Vicepresidente llegó a plantear el peor escenario, con una caída del PIB del 12%. El Banco Mundial dijo ayer que la economía nacional se contraerá 6%, la mayor de Sudamérica. ¿En qué escenario se ubica el plan propuesto?
Si bien es difícil establecer certezas cuando el escenario mundial cambia aceleradamente, es necesario que el plan económico tenga objetivos medibles y establezca los costos y las fuentes de financiamiento.
Ya se conoce que el financiamiento que requiere el Fisco para enfrentar la crisis solo puede venir del exterior, ya que el país carece de reservas o ahorros. Casa adentro el Gobierno busca distribuir la liquidez disponible con sentido de solidaridad, aunque existen varios limitantes que obligarán a realizar ajustes y aplicar excepciones. Entre ellas, las empresas que tuvieron utilidades en el 2018 y que hoy están prácticamente quebradas, como las florícolas. También, empresas que hoy tienen mayores ingresos y ganancias por la emergencia y que están en capacidad de aportar más.
Para trabajadores en relación de dependencia se aplicará una tabla similar a la del impuesto a la renta, pero la base de cálculo debiera considerar los ingresos reducidos por los ajustes de la jornada laboral. Se espera algo similar para profesionales que trabajan por cuenta propia.
La carga del ajuste debe distribuirse entre el sector privado y el público. En la actualidad hay una diferencia salarial a favor del sector público para funciones similares. Y con la reducción de la jornada laboral en las empresas, esa brecha se ha ampliado. La reducción salarial a funcionarios de niveles jerárquicos superiores no es suficiente.
Aunque la eliminación de subsidios no está en el plan y por ahora no tendría ningún efecto fiscal debido a los bajos precios del petróleo, sí puede ser parte de las reformas para sanear las finanzas públicas a largo plazo. Asimismo, se espera que el Gobierno sea muy agresivo en la renegociación de la deuda pública, aplicando los mismos principios de solidaridad internacional, realidad nacional y sostenibilidad en el largo plazo. Ecuador no puede cancelar sus obligaciones, los acreedores lo saben y deberán ser parte del plan de ajuste.