Francisco Rosales Ramos

Responsabilidades adicionales

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Jueves 02 de enero 2020

Hay conciencia de que los 10 años del gobierno de Correa fueron de concentración de poder, autoritarismo, destrucción de instituciones democráticas y, además, de delincuencia organizada desde la cúpula, para atracar de manera colosal a los dineros públicos y hacerse de inmensas fortunas ocultadas en países opacos.

Pero adicionalmente a la enorme corrupción -cuya manifestación más evidente son los ex presidente y ex vicepresidente- enjuiciados y encarcelados o prófugos y la mayoría de ministros y miembros de gabinete en situación similar- deben también responder por los enormes daños ocasionados al Ecuador, debido al manejo irresponsable de la economía. Superarlos tomará al menos una década de ajustes, estancamiento, restricciones y pérdida de plazas de trabajo.

Al Banco Central se le convirtió en sumisa dependencia del Ejecutivo, se le extrajeron más de 7 mil millones de dólares de la reserva monetaria y se apropiaron hasta de la utilidad contable de la revalorización del oro físico, para mantener el gasto demencial, propio de los regímenes populistas y autoritarios. El cinismo llegó al extremo de pagar parte de la deuda del gobierno al Banco Central, entregándole acciones de la banca pública, imposibles de convertirlas en efectivo, y del Banco del Pacífico, con el que se jugó en los 10 años mudando su propiedad de una a otra dependencia burocrática. El Banco Central no podrá recuperar su solvencia, sino luego de años en los que el Ejecutivo ordene sus cuentas y pueda pagar la deuda.

La situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, es todavía peor: Al servicio de salud se le obligó a atender a los familiares de los afiliados sin que, simultáneamente se le doten de los ingresos necesarios para el efecto. Se eliminó el aporte del Estado del 40% de las pensiones jubilares, con el argumento falaz de que el IESS tenía suficiente liquidez. Evidente mala fe de un doctor en economía que confundió solvencia con liquidez. Se permitió que los fondos de reserva se entreguen directamente a los trabajadores, creando una aparente elevación de sus ingresos, en perjuicio del propio trabajador y del IESS. Cuando el servicio de salud careció de recursos para atender la demanda adicional, se desviaron fondos del seguro de jubilación, lo cual significó poner en alto riesgo el pago de las pensiones. Y para completar el caos, se duplicó el número de empleados del IESS para satisfacer intereses electorales. Uno de los mayores problemas que enfrenta el Ecuador es la sostenibilidad financiera del IESS, sabiéndose que su descalabro provocaría una caótica situación social y política.

Por tanto, adicionalmente a los juicios penales se deberán establecer responsabilidades civiles para quienes, con pleno conocimiento de sus efectos, adoptaron decisiones que destruyeron la economía ecuatoriana.