En las últimas semanas el Gobierno ha recibido la aprobación de créditos por USD 2 667 millones de los bancos multilaterales.
La mayor parte de esos recursos se usarán para atender la emergencia por la pandemia, aunque se espera que una parte también sirva para mantener en pie a las pequeñas, medianas y grandes empresas, a través de líneas de crédito que financien el pago de nómina, porque de eso dependerán muchas plazas de trabajo formales.
Desde marzo pasado el Ministerio de Trabajo ha registrado 66 400 despidos, mientras que unas 112 000 personas han dejado de aportar al Seguro Social entre marzo y abril del presente año.
Estas cifras evidencian que la liquidez de las empresas ya llegó a niveles críticos, por lo que muchas optaron por despedir a sus trabajadores, incluso bajo la figura de fuerza mayor, lo cual se traducirá en demandas laborales en los próximos meses.
Para evitar que la recesión se agrave y se disparen los índices de desempleo será necesario abrir la economía lo más pronto posible, bajo estrictas medidas de bioseguridad. Sin embargo, eso será un proceso paulatino, lo cual implica que los negocios seguirán funcionando con capacidad subutilizada, lo cual genera altos costos.
Para bajar sus gastos, las empresas tienen la opción de reducir la jornada laboral y pagar a los empleados en función de las horas trabajadas. Pero conforme avanza la pandemia y se prolonga la cuarentena, esa flexibilización laboral luce insuficiente.
Ante este escenario, el Gobierno tiene dos opciones para sostener las plazas de trabajo: flexibilizar más las normas laborales para bajar el gasto salarial o entregar recursos a las empresas para que puedan pagar las nóminas de sus empleados.
Los recursos que han llegado de los multilaterales resultan insuficientes para montar una política de apoyo masivo a las empresas, aunque eso no impide que parte se destine para un fondo de ayuda.
Por eso, el mayor peso se pondrá en la flexibilización laboral. El proyecto de Ley Humanitaria que se votará esta semana en la Asamblea contempla, entre otras cosas, un acuerdo entre empleadores y trabajadores para ajustar los negocios a la nueva realidad económica. También demanda aportes de empleados y empresas para financiar al Fisco en medio de la pandemia.
El debate en la Asamblea ha girado básicamente alrededor de los aportes, porque significarán un nuevo impuesto para sostener a un Estado obeso, lo cual es cierto.
Sin embargo, el Gobierno les ha hecho conocer a los asambleístas que, por oponerse a las nuevas contribuciones, pueden terminar rechazando la flexibilización laboral. La respuesta final parece que será una combinación de nuevos impuestos con más flexibilización laboral.
Si es así, las empresas podrán bajar gastos, pero deberán pagar impuestos; los trabajadores ganarán menos, pero tendrán un empleo. ¿Y el Gobierno? Se necesita aprobar otra ley para bajar el gasto público.