Con impotencia e indignación ha recibido gran parte de la ciudadanía la noticia de que la Asamblea no incluyó en la Reforma al Código Integral Penal, la incautación de los bienes de la corrupción por delitos como peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Parece mentira que, a sabiendas de que el mayor rubro de dinero público malversado corresponde a actos de corrupción, lo cual ha generado consecuencias graves, el Legislativo niegue la posibilidad de que el Estado recupere al menos una parte de los recursos que le han sido sustraídos dolosamente, perjudicando a miles de ecuatorianos honrados.
Cómo entender esta postura, cuando existen evidencias suficientes de la desviación de los recursos públicos y documentos que testimonian sobreprecios, gastos indebidos, testaferrismo, etc.; cuando el país vive momentos difíciles y debe endeudarse, disminuir el empleo, aumentar impuestos.
¿Dónde está la lucha contra la corrupción, dónde la cirugía mayor, por qué la Asamblea Nacional no aprueba una Ley anticorrupción que restaure, mediante su aplicación, la moral y la ética nacionales?
Según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en su informe para 2018, el Ecuador se ubica en el puesto número 114 en el Ranking de los países más y menos corruptos del mundo, entre 180 economías, donde el número 1 tiene menores niveles de percepción de corrupción y el 180, mayor nivel. Países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur y Suecia, se consagran como los menos corruptos del mundo, mientras Somalia, Siria, Sudán Sur, Yemen y Korea del Norte están en el extremo opuesto, esto es, son los países con percepción mayor de corrupción. Ecuador se ubica en niveles similares a Etiopía, Níger y Pakistán. Según esta organización, la corrupción socava la democracia y genera un círculo vicioso que provoca el deterioro de las instituciones, la pérdida de control de la corrupción y una alta probabilidad de que se incremente.
El lugar conseguido por el Ecuador en este ranking muestra claramente el pésimo manejo que se ha dado a los recursos públicos y la pobre actuación de las entidades encargadas de corregir este defecto que sume al país en el déficit económico y social. El Gobierno anuncia nuevas medidas, tendientes a aumentar los ingresos, medidas que las va a pagar el pueblo, mientras un puñado de deshonestos goza y seguirá gozando de los recursos que debieron financiar los gastos que hoy millones de ecuatorianos debemos suplir a costa de sacrificio, pérdida de la capacidad adquisitiva y la tranquilidad familiar.
Los ciudadanos decentes y la sociedad civil organizada demandamos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial un progreso real en la lucha contra la corrupción, mediante acciones tangibles y apolíticas.