La ciudadanía ha creado una expectativa enorme en torno a lo que sucederá en el país luego de la consulta popular.
Por el momento se da por hecho que el Sí ganará en todas las preguntas, aunque de forma desigual. La más importante es la relativa a la reelección indefinida, que fue pensada para desactivar políticamente al ex presidente Correa.
La mayoría de la sociedad está conciente de ello y, por esa razón, cree que la consulta popular fue diseñada para poner el último clavo en el ataúd correísta, de forma que el Ecuador pueda tener un nuevo inicio, una suerte de “borra y va de nuevo”.
Este punto de vista tiene lógica porque las consultas populares se hacen para que el proponente –si gana– adquiera capital político, es decir para que obtenga la legitimidad suficiente como para pasar medidas o reformas que, de otra manera, hubieran sido imposibles de poner en práctica.
Si esa, en efecto, fuera la lógica que inspira la consulta popular, la pregunta siguiente sería ¿qué tipo de reformas o medidas estaría dispuesto el Gobierno a tomar, más allá de las planteadas en las preguntas?
Las nominadas a la Vicepresidencia o los funcionarios del correísmo que siguen reciclándose a pesar de su pobre récord administrativo dan la impresión de que dentro de los planes del Presidente Moreno no está hacer cambios sustanciales sino sólo cosméticos: menos insultos y más tolerancia, pero todo lo demás, igual que antes.
En ese sentido, el hecho más revelador es el manejo económico de estos meses que no ha cambiado un ápice en relación al período anterior. Se nota, por el contrario, una disposición a profundizar el modelo derrochador, a base de más deuda e impuestos.
Si este escenario se confirmaría, la consulta popular solamente serviría para certificar oficialmente la defunción política de Rafael Correa y entronizar a Lenín Moreno como el nuevo líder indiscutible del país. Una figura sería reemplazada por otra; nada más.
En ese caso, el capital político que el Presidente ganaría con su triunfo electoral se evaporaría porque una porción muy grande de ciudadanos sentiría que sus expectativas no habrían sido cumplidas, sobre todo en el ámbito económico e institucional.
Si, tras la consulta, hubiera un sentimiento generalizado de decepción con las acciones del Gobierno, este pudiera sufrir un desgaste político drástico, cuyas consecuencias serían imprevisibles. Este riesgo es aún mayor porque la ciudadanía puede ser fácilmente defraudada, precisamente porque ha depositado grandes esperanzas en este proceso.
Si nada –o muy poco– ocurriera tras la consulta, esa fecha sería recordada como un episodio similar al ocurrido a inicios de nuestra historia. Sería el “último día del correísmo y el primero de lo mismo”…