A pocos días de la asunción de mando por parte del Presidente Electo, el país ha recibido algunas señales que orientan sobre la gestión que imprimirá el nuevo gobierno en algunos aspectos vitales para los ecuatorianos. La nominación del gabinete social, que incluye a 5 mujeres, y las orientaciones públicamente anunciadas denotan la voluntad por cumplir con lo más urgente: la vacunación a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno; la inclusión en las políticas públicas a la lucha contra la pobreza extrema y la desnutrición infantil crónica; la educación intercultural y rehabilitación de escuelas rurales; enfrentar la violencia de género; el impulso a una nueva Ley de Educación que otorgue autonomía a las universidades; en fin, la entrega de 200 mil viviendas gratuitas a familias del campo. Buenas intenciones; y también las declaraciones contundentes por acabar con la corrupción, especialmente en el sector petrolero, o la disposición a acatar la resolución de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto por violación, aún en contra de sus convicciones, revelan la voluntad política del nuevo gobernante por atender necesidades sensibles para el país, y su apertura a escuchar a los diferentes sectores en la búsqueda de soluciones.
Pero la consecución de estas metas requiere de muchos recursos, que por hoy son escasos. Y la política social debe inscribirse en el contenido de la política económica, en todas sus manifestaciones. No puede ser un elemento anexo, pues es parte de lo sustancial que significa la trama de relaciones sociales que conforman las estructuras económicas determinantes de la distribución de la riqueza, justa o injusta. Por tanto, es importante conocer el rumbo propuesto como plan de gobierno para la economía nacional en los próximos cuatro años, de manera de evaluar la viabilidad de la política social.
Es notorio que prevalece en el país la corriente de pensamiento de determinados sectores que insisten en la deslegitimación del Estado como el agente principal responsable de la conducción de la economía del país, con la profesión de fe en las virtudes del mercado como factor de la asignación óptima de los recursos.
Desconocer la necesidad de asumir el gran reto de enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia bajo el liderazgo de un Estado eficiente que garantice la atención de las necesidades de los sectores más afectados, que han visto la reducción de sus escuálidas economías, sería marchar contra corriente en un mundo en el cual los países asignan ingentes recursos para compensar la caída en el consumo debido al desempleo y a la pobreza.
El país requiere que el nuevo gobierno elimine la oposición sector privado-sector público, que ha penetrado muy hondo en el país con base en falsas premisas, y convoque a la participación de estos dos sectores en una estrategia de recuperación económica con distribución justa de sus resultados.