¿Es factible llegar a la producción de un millón de barriles? Es la pregunta que el coordinador hizo a los participantes de la mesa redonda Oil & Power de la semana pasada, un selecto grupo de expertos del ramo, al que se agregó este observador.
Las respuestas fueron aparentemente discrepantes, aunque coincidían en que existe el potencial. Se estima que el subsuelo ecuatoriano tendría 50 mil millones de barriles, de los que se han extraído 9 mil. Hay petróleo para producir el millón de barriles prometido por el Presidente. Colombia lo logró con menos crudo. Pero no hay exploración desde hace 15 años, en que el presidente Palacio confiscó a Occidental. Para qué sirve el crudo bajo tierra, si no se invierte para detectarlo.
Desde 2006, el bloque Occidental generó USD 12.712 millones, dilapidados en la década robada. La factura por indemnización que le toca pagar a Lasso es de USD 1.800 más intereses. Coincide con los USD 1.900 millones que generaría la reforma tributaria.
¿Por qué no se invierte en exploración? Comencemos con que el Estado no tiene plata. Se requiere inversión privada. Uno de los panelistas que estuvo en el evento de inversiones que realizó el gobierno observó que mientras las principales empresas mineras estuvieron presentes, las únicas petroleras fueron las que están en el país. No hay interés de las petroleras, concluyó.
Pero es un problema superable. La hostilidad de las potencias al consumo de petróleo tiene como consecuencia que baja la exploración, por lo tanto no crece la producción mundial, y eso eleva los precios del petróleo. Hay empresas petroleras que querrán aprovechar esa situación. Le toca al Presidente y sus autoridades identificarlas y tocar puertas.
Le lentitud burocrática es otro muro. Mediante decreto 95, el Presidente enunció su política petrolera y puso plazos para determinadas metas. El gobierno tiene 180 días y aún no se concede título ambiental a las empresas que firmaron contratos en la ronda intracampos hace dos años. En Colombia, los campos se sacan a concurso con título ambiental incluido, comentó uno de los participantes. Aún no se cumple con el proceso transparente para seleccionar los nuevos directivos de Petroecuador, señaló otro. El decreto 95 termina siendo una proclama de buenas intenciones.
La Asamblea, otro escollo: la Comisión que tramita la reforma tributaria excluyó de su informe a las reformas a la Ley de Hidrocarburos. Por último, la oposición de las comunidades, que pretenden que no haya actividad petrolera en la Amazonía fuera de las áreas tradicionales. Quizá no han reflexionado de cuál sería el futuro de la Amazonía, de morir la industria petrolera. Hay que hacerlas socias del negocio petrolero, concluyó el panel.
Los participantes coincidimos en los problemas, discrepamos en si el gobierno los podrá superar.