La incapacidad de la Asamblea Nacional para resolver sobre el proyecto de ley enviado por el Gobierno conduce al país al peor de los escenarios. Una ley, básica para el Gobierno, promulgada sin consensos mínimos, pone en vigencia aspectos indispensables y algunos inconvenientes que habrían podido ser superados en la discusión en la Comisión Legislativa, a pesar de la creciente dificultad de entendimientos entre las representaciones parlamentarias.
Los actores políticos creen que hablar, ceder, acordar es un pecado mortal. Si se acepta algo que el Gobierno propone, tienen pavor a que les tachen de gobiernistas, sin entender que si las cosas siguen como están, todos acabarán mal parados.
¿Qué consideran peor los opositores a todo -que unos de buena fe y otros con hipocresía merodean por el Palacio de Gobierno- que el impuesto a la renta grave a los que ganan desde 2.000 dólares mensuales, o desde 2.600 como consta en el informe de la Comisión? ¿No era preferible que, como consta en el informe, no se elimine el impuesto a la herencia, como lo solicitaron varios sectores? ¿Y que no consten varias de las reformas propuestas para las instituciones financieras, porque no todas son buenas, como tampoco todas malas?
Eso y más se podía lograr y estaba consignado en el informe de la Comisión.
Mientras no haya un cambio de actitud de los actores políticos, este país no tiene remedio. Mientras no haya conciencia de que no es posible lograr todo lo que cada quien propone y que es indispensable dialogar y ceder y consensuar, no hay diálogo real que prospere. Los diálogos más importantes son entre quienes piensan de manera diferente, no el que se produce entre quienes piensan de la misma manera. Desde el punto de vista gubernamental nadie debería estar excluido de la posibilidad de dialogar y encontrar éticamente puntos de acuerdo, para que las leyes no entren en vigencia por ministerio de la ley sino como resultado de consensos, para que sean normas estables y positivas y no estén con la espada de la incertidumbre acechando permanentemente.
Todos han perdido con lo que ha pasado. Los asambleístas por su incapacidad de resolver positivamente nada. Ni aprueban, ni niegan, ni archivan, ni nada. Los partidos porque sus objeciones y sugerencias quedan en nada. Los desestabilizadores porque no consiguieron su propósito. Los que intervinieron con ánimo positivo porque sus esfuerzos se frustran. Y el Gobierno, que tiene que encontrar un camino que impida que, a futuro, la ley promulgada le ponga la soga al cuello. Su período recién empieza y tiene mucho camino que recorrer. Este episodio puede conducir a radicalizar posiciones de las que nadie va a salir ganando, con perjuicio para el país. Hay todavía varias leyes que necesitan considerarse en la Asamblea, fundamentales para solucionar problemas de empleo y seguridad. Sin relación civilizada, no tendrán destino.