La justicia, como se sabe, debe ser ciega, esto es, servir a los ciudadanos con imparcialidad, transparencia y equidad, sin ninguna consideración, preferencia o aversión por cuestiones raciales, económicas, sociales, políticas, religiosas…
Estos principios terminan siendo lirismo puro en aquellas sociedades que se han apartado de los cauces democráticos para deformarse en dictaduras abiertas o solapadas, o directamente en tiranías, entre cuyas armas, además del terror, la represión y la supresión de derechos, se utiliza a la justicia como moneda de intercambio o presión para oscuros propósitos.
Nuestra justicia no ha sido precisamente ejemplar, pero hemos tenido a lo largo de la historia jueces probos, profesionales serios y grandes conocedores del derecho, así como funcionarios rectos que han sacado la cara en medio de la mediocridad y de la descomposición. Y también hemos sufrido los peores embates de corrupción, manipulación y apropiación de la justicia en gobiernos como el de Correa.
Hoy vivimos otros tiempos, aunque todavía nos quede un camino largo por recorrer, muchas trochas por cerrar y vicios por erradicar. Por ejemplo, aún se percibe cierto aire de suficiencia en el Consejo Nacional de la Judicatura actual que pretende regular o incidir en el funcionamiento de los centros de arbitraje independientes, que se regulan por su propia ley y por sus reglamentos, y, por tanto, no están sometidos a las resoluciones o dictámenes del CNJ que, de acuerdo con el artículo 178 de la Constitución, es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, de la que son excluidos expresamente (art. 190), el arbitraje y la mediación como medios alternativos para la solución de conflictos.
También ha llamado la atención que el CNJ haya abierto un expediente disciplinario al presidente del Colegio de Notarios de Pichincha, que no estuvo de acuerdo con la reapertura de las notarías con servicios presenciales, pues se expondría tanto a los empleados como a los usuarios a un posible contagio. La propuesta del gremio referido se encamina más bien a la modernización de sus servicios por propia cuenta y costo, a través de la tecnología que permita suscribir contratos de compraventa o realizar otros actos por vía telemática, algo que al momento resulta imprescindible y vital.
Esperemos que la crítica o la divergencia de opiniones no pretendan ser sancionadas hoy, pues entonces quedaría la sensación de que volvimos a la década pasada.
La justicia debe ser ciega, no manca ni muda. Disentir, criticar y opinar sobre los funcionarios públicos y sus actuaciones es un derecho de todas las personas. Los que creemos que la Función Judicial demanda nuevos cambios, los apoyaremos, pero estaremos atentos a que se los realice no solo en los aspectos tecnológicos, sino también en el fondo y en la forma, con absoluta transparencia, dentro de las competencias de cada organismo.