El daño que causa el exceso de normas jurídicas es tal que debe abrir los ojos y los oídos de los políticos con autoridad, a fin de que inicien una solución al caos existente.
Es urgente realizar una severa poda de la legislación, a la manera como proceden los agricultores cuando las plantas invasoras no dejan espacio a las que realmente producen. En el reino vegetal, se distinguen ciertas variedades de musgo y el muérdago.
El 24 de febrero y el 31 de marzo del 2019 EL COMERCIO publicó dos artículos del calificado especialista Vicente Albornoz, respecto al daño que causan tanta norma y tanto burócrata, bajo el título “El país de las mil y mil trabas”.Más recientemente, Fabián Corral ha insistido en esta perjudicial realidad.
Ante las ofertas de “reactivación de la Economía”, el autor de esta nota se permitió publicar una investigación sobre todo cuanto debe hacer la persona que desea construir (La Casa Nueva, EL COMERCIO, 7 de septiembre de 2020) al extremo de iniciar la obra y avanzarla, pese al riesgo de sanciones.
En estos días nos enteramos de una situación insólita: administrativamente cambian un contrato de compraventa. Hace 34 años, Mutualista Sebastián de Benalcázar, con escritura pública hizo efectiva una parte del amplio sentido social de quien fue Sr. Pierre Hitti Raad y -entre otros- también de sus primeros administradores, Sr. Lcdo. Guillermo Moreano y Sr. Mentor Villagómez, en su orden, entregando -en venta- departamentos a los socios. Cuando pasó la Entidad a otras manos, la que fue primera Mutualista del Ecuador entró en liquidación.
En el presente año 2020, por lo menos en un caso llegado a conocimiento, el Liquidador de la Mutualista, informa que existen parqueaderos que todavía siguen a nombre de esa Entidad ya fenecida. Le han otorgado otro número al parqueadero. ¿Quién hizo semejante separación entre departamento y parqueadero? Nadie sabe. Ahora el dueño deberá probar que el que –se dice- continúa perteneciendo a la Mutualista, es suyo.
Pero hay que hacer trámites, para enmendar el “error” cometido por algún funcionario del Municipio, cuya identidad no se conoce.
El dueño deberá demostrar que el tal parqueadero no fue ni es independiente y, por lo mismo, que existe un error gravísimo al haberlo otorgado un número diferente y, con ello, tratar de privarlo de su propiedad.
El tortuoso trámite comienza por conseguir “online” autorización para usar la plataforma digital; con esa autorización, acudir al Registro de la Propiedad. La esperanza es que el Registro solo exija los datos de la escritura de 1986, pues allí guardan un ejemplar completo de cada escritura.¿Habrá alguna Autoridad en la Municipalidad de Quito que se conduela y tome a su cargo la tarea de podar la excesiva legislación municipal?