Tenía la impresión, incluso la certeza, de que el Estado no era una entidad funcional, útil, a la sociedad ni a las personas; que se había transformado en un armatoste ineficiente, enredado en sus propias contradicciones, condicionado a intereses de partidos y grupos; lento en la comprensión de los fenómenos que nos apremian, miope frente a las necesidades que genera la vida. La pandemia, la fuerza mayor extraordinaria, planetaria que vivimos, agudizó la evidencia de la caducidad de muchas instituciones públicas y de las prácticas políticas en que seguimos anclados. Hoy, enfrentamos nuevas realidades con instrumentos arcaicos, conceptos del siglo XIX, y liderazgos cuyas lógicas operan mirando al retrovisor.
El forzoso cambio de las reglas de juego impuesto por la pandemia, ha revelado el problema de fondo, que no se remedia con elecciones, ni con proclamas populistas. Estamos en un momento de seriedad extrema, que supera cualquier juego electoral.
1.- ¿Es funcional la Constitución?.- La Constitución debería ser la expresión jurídico-política de instituciones, valores, derechos de las personas, obligaciones y tareas del Estado. La nuestra, contradictoria, puesta al servicio de un proyecto promovido por el último populismo, es un farragoso documento que pretende reemplazar a la sociedad por la organización política, a las libertades con concesiones y trámites burocráticos. Las urgencias de la pandemia pusieron de manifiesto la caducidad de muchas de sus disposiciones, y el grave error de haber confundido la realidad con los deseos de un grupo de dogmáticos.
2.- ¿Es funcional la Legislatura?.- Frente a los apremios de la pandemia y al desafío de sustituir las leyes en armonía con las exigencias de la fuerza mayor universal, la Asamblea se reveló poco imaginativa, lenta, anclada en consideraciones partidistas. Y, lo que es peor, la emergencia desnudó su escasa representatividad, su falta de empatía con la comunidad. ¿Es una institución representativa, democrática en sustancia, o es una oligarquía de partidos de vieja data y de movimientos de novísima vigencia?
3.- ¿Es funcional la Administración Pública?.- El drama de los hospitales, la corrupción manifiesta de los sistemas de contratación, la lentitud de la burocracia, el enorme aparataje ministerial, la insoportable dimensión del gasto corriente y la ausencia casi total de gestión eficiente de las empresas públicas, contrastaron con la entrega y la solidaridad del personal médico y sus servicios a la comunidad. Esa burocracia, enredada en sus propias telarañas, enorme aspiradora de impuestos, tasas y contribuciones, ¿estuvo a la altura de las circunstancias?, ¿se justifica su tamaño?, ¿no será preciso descentralizar, desburocratizar, delegar la prestación de servicios, establecer sistemas de responsabilidad ágiles, poner límites a las “potestades legislativas delegadas” que ejerce una infinidad de agencias y oficinas públicas protegidas por un impenetrable blindaje regulatorio?
4.- ¿Es funcional el sistema judicial?.- La funcionalidad de la Administración de Justicia es un tema que hay que examinar con cuidado, porque es, de algún modo, el corazón y la justificación de una república ¿Son operativos los códigos procesales, valió la pena el ensayo de la oralidad que, hasta aquí, es una rara mixtura del sistema escrito a la vieja usanza, audiencias a veces sumarias y precarias, tardanzas en el despacho? ¿Opera el principio de celeridad? ¿Ha encarnado en las judicaturas el derecho ciudadano de acceso a la justicia y de tutela judicial? ¿Suscitan entusiasmo los derechos constitucionales? Me temo que la coyuntura que vivimos acentuó el sentimiento de incertidumbre y agobio que genera el sistema judicial. ¿Hay algún proyecto que articule los retos que plantea la coyuntura que vivimos, que, por cierto, alude a todos los poderes del Estado, y entre ellos a la Administración de Justicia?, o no hay nada?
5.- ¿Es funcional la legalidad ortodoxa?.- La pandemia, jurídicamente entendida como un caso de fuerza mayor extraordinaria y universal, superó varios principios, supuestos, reglas, sistemas contractuales y preceptos constitucionales y legales, en materia laboral, administrativa, tributaria, civil, procesal, penal, etc. La tecnología descolocó al Derecho, extendió prácticas y opciones no previstas en los códigos; la oralidad se quedó corta, los contratos se celebran de otro modo, las obligaciones se cumplen de otra forma, los vínculos jurídicos concluyen por la fuerza de la realidad. Es imperativo, por ejemplo, pensar en otro Código del Trabajo; el de 1938 y sus pautas esenciales quedó superado.
¿Alguien, desde el Estado, desde las trincheras de la política, ha pensado en la necesidad de enfrentar técnica y objetivamente este problema, o están esperando que pase la pandemia, y ya?
5.- ¿Es funcional la política?.- Todo esto me lleva a pensar si la política es funcional a las necesidades de la sociedad y de la gente. ¿Es funcional a los derechos, a la solución legítima y justa de los problemas? ¿Sirve a la comunidad? ¿O es solamente un método para llegar al poder, condicionar al adversario, planificar los proyectos de cada cual, imponer una ideología o un caudillismo?
A mi entender, los efectos de la fuerza mayor extraordinaria y universal que sufrimos merecía, y merece, una renovación política de fondo que supere el electoralismo vengativo, calculador y precario, y que trascienda a la demagogia.
Que entienda que lo que vivimos es, realmente, el inicio de otra época que deja en soletas a las ideologías, socialismos y “progresismos” incluidos. Que no es un cambio de caras, o el retorno de los viejos dinosaurios, o la llegada, entre aplausos, de nuevos gendarmes.