Sin lugar a dudas el actual proceso electoral, pese a todo lo que pueda decir la “misión de observadores” de la OEA, se encamina a ser uno de los peores que hemos tenido en el Ecuador en términos de desorganización, opacidad y falta de transparencia.
La lista de errores, omisiones y arbitrariedades cometidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es larga. No solo me refiero al “error” en la impresión de cerca de 6 millones de papeletas para presidente de la República. El retraso en la impresión de papeletas para parlamentarios andinos. La ausencia absoluta de control en lo que se conoce como compra del voto a través del pago de dinero o entrega de dádivas de parte de ciertos candidatos durante la campaña electoral. El uso de parámetros y sistemas informáticos para el conteo de votos que ya generaron serios cuestionamientos en las elecciones del 2017 y 2019…
Me refiero también a lo actuado desde el 7 de febrero en adelante. Al conteo rápido, por ejemplo, que dio como ganador de la primera vuelta electoral al candidato Andrés Arauz, ubicó en segundo puesto a Yaku Pérez y en tercer lugar a Guillermo Lasso. Hasta el día de hoy no hay explicaciones de parte del CNE de en qué falló el conteo, generando un sentimiento de duda y sospecha frente al resultado del conteo real de votos. ¿Podría afirmarse entonces, como sostiene Yaku Pérez, de que el conteo rápido no falló sino que, al contrario, se han dado claras evidencias de fraude? ¿No genera dudas la existencia de 5149 actas “con novedades” (sin firma de responsabilidad, con inconsistencias numéricas, etc)? Es decir, del 13,43% de todas las actas, la mayor parte en la provincia del Guayas.
Pero, más que las evidencias de un posible fraude electoral, llama la atención la actuación de los miembros del CNE y de los propios actores políticos interesados. Había una posibilidad para sanear tanta duda e inconformidad: el reconteo parcial de las actas en 16 provincias y de la totalidad de la provincia del Guayas. A ese acuerdo se llegó el 12 de marzo entre los candidatos Pérez y Lasso, en presencia de los consejeros del CNE. Sin embargo, dos días después el acuerdo se diluyó por decisión de Lasso. Posteriormente esta postura fue acatada por los consejeros afines del candidato Lasso en el CNE.
Ahora resulta que los resultados de la primera vuelta han sido proclamados y todos los ciudadanos debemos asumir, como pretende el CNE, que aquí no ha pasado nada. De que los candidatos que han sido perjudicados reclamen. Como Alvaro Noboa y Justicia Social. Total, no se les va a hacer caso. Al igual que los pedidos realizados por la Fiscalía y la Contraloría de revisión del sistema informático del CNE. Se ha dicho a este respecto, que esto es una interferencia en el funcionamiento de la Función Electoral. Esto no así. Me pregunto: ¿Qué pasaría si hay evidencias reales de fraude? ¿Quién garantiza la voluntad soberana de los ciudadanos? ¿Los miembros del CNE? ¿Los observadores de la OEA?