Sebastián Mantilla

Elecciones de chiste

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Miércoles 16 de diciembre 2020

Es vergonzoso lo que está sucediendo actualmente en el país. El Consejo Nacional Electoral (CNE), a más de brillar por su inoperancia, desorganización y marcado sesgo político, enfrenta ahora un problema serio de aplazamiento de los próximos comicios por no haber acatado oportunamente el fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de fecha 30 de octubre de 2020.

Tras la presión ejercida por la Contraloría General del Estado (CGE) a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que había encontrado inconsistencias en la presentación de firmas de cuatro organizaciones políticas nacionales (Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social) y de que debía dejar sin efecto el registro de las mismas (de acuerdo a los informes generales DNA1-0053-2019 y DNAI-AI-0147-2020), el 16 de septiembre de 2020, mediante Resolución No. PLE-CNE-3-16-9-2020, el CNE notifica al movimiento Justicia Social de que se procedía a eliminarla del registro de organizaciones políticas.

No obstante, de acuerdo a la sentencia No. 080-2020-TCE, de fecha 6 de octubre de 2020, el juez Arturo Cabrera, presidente del CTE, sustenta el cometimiento de una serie de irregularidades de parte del CNE, al igual que en los informes elaborados por la Contraloría, por lo cual resuelve declarar nula la resolución No. PLE-CNE-3-16-9-2020 del CNE.

Lo grave y preocupante no solo radica en la actuación (infundada o no) de los consejeros del CNE sino en los informes y respuestas de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas y la Dirección Nacional de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones Electorales del CNE. Sobre esta última dependencia del CNE, en el fallo del juez Cabrera se menciona lo siguiente: “…luego de la entrega a la Contraloría General del Estado (el 20/11/2018) de los ambientes de test y las bases de datos, el referido ambiente ya no se encuentra disponible por haber sido utilizado para otros fines propios de la institución”. Es decir, ni el mismo CNE tiene información de sustento del registro de firmas de Justicia Social. ¿Pasa lo mismo con el registro del resto de partidos y movimientos?

El fallo del TCE, más que revelar un conflicto de competencias, evidencia que las cosas no funcionan bien al interior del CNE. Ya no es solamente la disputa que se ha dado entre los consejeros del CNE.

Por esta razón, la posible demora o aplazamiento de las elecciones no se debe a una interferencia del TCE al aceptar el “recurso subjetivo contencioso electoral” presentado por el movimiento Justicia Social sino principalmente al no haber sido acatada esta resolución de manera oportuna. Esta fue emitida el 6 de octubre y ratificada el 30 de octubre.

¿Por qué no lo hicieron a su debido tiempo? ¿Porque la candidatura de Álvaro Noboa perjudica al candidato de la derecha y favorece al correísmo? Preocupante que, a esta alturas, existan tantos cuestionamientos al funcionamiento del CNE.