Estamos de acuerdo en algo: ésta sería la peor recesión en el Ecuador desde que se registran estadísticas. Según diversas estimaciones, el PIB caería en -7% en 2020 y algunos analistas están vaticinando -ojalá equivocadamente- caídas superiores al 10%.
El país está ante una tormenta perfecta. A la angustiosa emergencia sanitaria, se han sumado el desplome de los precios y la demanda de nuestras exportaciones y la parálisis interna por el encierro. La caída de los ingresos fiscales petroleros y tributarios supera los USD 7 000 millones. A esto se agregan gastos extraordinarios de casi USD 1 500 millones para salud y la población más vulnerable.
De acuerdo a un estudio de la UDLA, la mitad de las empresas debe haber agotado ya sus reservas de liquidez y muchas de ellas están al borde el cierre. Se estima una pérdida de entre 500 mil a 750 mil empleos y un aumento de la pobreza de 25% a 35%. Para colmo, esta crisis encontró al país muy mal parado por la debilidad de sus finanzas públicas, alto endeudamiento y bajas reservas externas.
En lo que no estamos de acuerdo es en cómo salir del laberinto. El Gobierno ha planteado tres frentes. En primer lugar, un ajuste fiscal con la aprobación de contribuciones extraordinarias de empresas y empleados y una reducción del gasto y remuneraciones públicas. A pesar de que estas medidas exacerbarían el shock negativo, parecerían inevitables dado que el déficit fiscal llegaría a casi 9% del PIB.
Un segundo frente busca financiamiento de más de USD 5 000 millones de organismos multilaterales y bilaterales y la reestructuración de los bonos externos con un alivio de USD 1 350 millones. Esta semana hubo buenas noticias: el desembolso de USD 643 millones del FMI y la aceptación de los tenedores de bonos para diferir obligaciones e iniciar su reestructuración, pero todavía queda una gran brecha por cubrir que dependerá de la aprobación de las leyes en la Asamblea.
Un tercer eje es el marco legal que facilite acuerdos entre empresarios y trabajadores, introduzca nuevas opciones en el mercado laboral, y ofrezca acceso a financiamiento y diferimiento de obligaciones financieras y otras con el fin de preservar el empleo.
Partidos, organizaciones empresariales, sindicales y sociales, empleados públicos y universidades han criticado todo lo que toca sus respectivos intereses y muchos han pedido el archivo de las leyes urgentes. Si bien la estrategia oficial puede tener debilidades, echarla atrás a estas alturas dejaría al país sin instrumentos para enfrentar la emergencia.
El Ecuador sí puede salir de este laberinto, pero únicamente si cedemos posiciones. No hacerlo nos llevaría a profundizar la crisis y empeorar la situación de la población más vulnerable que siempre es la más golpeada cuando las economías colapsan.