Ninguna autoridad tiene una estrategia de salida ante la pandemia del covid-19. Y mientras se diseña una, la decisión es cerrar las puertas para limitar el contagio, empezando por las fronteras y aislando a la población en sus casas, ya que el virus se mueve con las personas. Aunque un 80% de los contagiados se recupera sin problema, el riesgo es que los más vulnerables no lo hagan.
Cuando se restringe el movimiento por las fronteras y se practica es aislamiento -voluntario u obligatorio-, el efecto en la economía es profundo, porque los engranajes del comercio dejan de girar o lo hacen muy lentamente, como se observa con la paralización de aeropuertos, la suspensión de vuelos, la menor producción de todo tipo de bienes, el cierre temporal de cines, parques de diversión, restaurantes, etc.
El 2020 marcará una disrupción en la economía mundial, un retroceso en la globalización y pondrá a prueba a los gobiernos e instituciones que fueron diseñadas para garantizar la estabilidad financiera.
Es difícil ser efectivo en un momento como el actual, porque el planeta nunca ha estado en una situación similar, aunque ya están en marcha algunas medidas. La Comisión Europea presentó el viernes pasado su respuesta, que se resume en máxima flexibilidad en las normas fiscales y ayudas estatales para pequeñas y medianas empresas, subsidios laborales y facilidades para invertir en la sanidad. Solo Italia destinará USD 28 000 millones en ayudas a su aparato económico, es decir, casi todo el presupuesto del Estado ecuatoriano.
En Estados Unidos, donde millones de personas no tienen seguro, el Congreso y el Ejecutivo aprobaron un proyecto de gastos de emergencia por USD 8 300 millones para combatir el impacto social y económico del virus. Toda persona que necesite un test de covid-19 lo podrá hacer gratis; también habrá licencias pagadas por enfermedad.
En el caso ecuatoriano sería una ingenuidad esperar que las autoridades adopten medidas similares ante la actual crisis por dos razones: no hay suficientes recursos para satisfacer a los sectores afectados y tampoco existen instituciones sólidas para afrontar la crisis. Sin embargo, sí se puede esperar que se prioricen recursos para salud y se apliquen soluciones reales para los sectores productivos más afectados.
Para el sector productivo, la respuesta debe garantizar la liquidez de las empresas y proteger los empleos y salarios de los trabajadores. El Gobierno ya ha recibido pedidos de varios sectores para flexibilizar el pago de impuestos, suspender temporalmente aportes y garantizar líneas de crédito para su operación. Lo anterior pone más presión a las cuentas fiscales, que ahora deberán afrontar una nueva realidad petrolera, con precios alrededor de USD 30 por barril, cuando se había presupuestado USD 51,3.
Debido a que la realidad mundial ha cambiado radicalmente, ninguna medida para paliar la crisis es descartable en una economía que está en cuarentena.