El descrédito profundo al que ha llegado la imagen de la Asamblea Nacional obliga a la sociedad a hondas reflexiones. Desde luego hay algunas precisiones indispensables: la primera de ellas tiene que ver con el número de los legisladores. No es verdad, como se repite con cierta maldad o ignorancia, que solamente en el país existe un número elevado de asambleístas.
Basta mirar otras realidades para darse cuenta de que el número elevado de parlamentarios es un problema de varios países. Italia acaba de pasar una reforma para reducir de 945 a 600 los congresistas. Es el segundo parlamento más grande de Europa.
Reino Unido tiene 1 400 y Francia 925, según datos de Infobae. En Brasil los legisladores federales son 513. Pero además existen los diputados estaduales (por cada estado del esquema federal). Se podría cifrar más datos de otros países de la región y los vecinos. En nuestro país hay 137 legisladores. Pero el problema es que la gente considera que son demasiados y una carga muy pesada para el país. Un costo alto para el erario nacional. Y ese dinero público lo pagan todos los ciudadanos. Además, hay una carga costosa de asesores y personal de apoyo para los magros resultados.
El alto número de asambleístas imputados o con procesos pendientes con la justicia me parece una vergüenza. Habría que decir, ciertamente, que el prestigio de los parlamentos suele ser de baja aceptación en buena parte de los países. Y aquí, según algún sondeo recientemente divulgado por varios medios, esa reputación está por los suelos. Pero cabe hacer precisiones. Esa baja popularidad y rechazo de los ciudadanos a las cosas que se ven en el ente legislativo dista mucho de la pavorosa idea de no tener poder legislativo.
En el Ecuador, al inicio de la década robada, el poder político de entonces tuvo la desfachatez de cesar en funciones a varios legisladores. Esa operación política fue un golpe de Estado, un atentado al estado de Derecho.
El subterfugio perverso empleado fue una decisión del Tribunal Supremo Electoral que decidió que el Congreso había interferido al proceso electoral de la consulta de 2007. No dejar entrar a los diputados con la Policía y cambiarlos de un plumazo o un mantelazo fue un acto siniestro.
Pero la legislatura en el estado de derecho es importante. Una de las tres patas del poder, más allá de la estrambótica arquitectura constitucional inventada en Montecristi y cuyas consecuencias estamos pagando a un alto precio.
Es verdad que en otras legislaturas hay temas cuestionables. Ya son años de la aparición de la Cicciolina, una actriz porno que llegó con el voto popular. Ayer mismo, en un zoom, un legislador argentino apareció en media sesión congresal acariciando los pechos de su esposa. No parece muy ubicado. Pero algunos lo justificaron. Aquí andamos mal. Una reforma urge. Disminuir el número de legisladores y hacer algo para elevar la calidad. Eso urge.