Todos estamos conscientes que uno de los renglones de mayor presencia y acompañamiento en nuestro confinamiento han sido las manifestaciones culturales. También sabemos que este ha sido uno de los sectores más golpeados y menos atendidos. Sorprende, por decir lo menos, el cambio de ministro, viceministro, subsecretarios, directores administrativos y directores de museos, entre otros, a tres meses de concluir el período de Moreno. Por qué no se ratificó a la ministra Angélica Arias que llevaba -de manera transparente y técnica- el traslado de bienes patrimoniales de primer orden del edificio Aranjuez en Quito, en peligro de colapsar. Ya establecido, por ejemplo, que el Fondo Jijón debía ir al Edificio de Archivos del Instituto Nacional de Patrimonio de manera extraña se da un nuevo giro para llevarlo a la Biblioteca Nacional, desarticulando todo el proceso. Por qué no están subidos a la plataforma del INPC todos los bienes que integraban aquellos señalados en el Decreto de Emergencia, de tal manera que se los transparente y se los proteja de cualquier sustracción? En otra línea, por qué se oculta los “cambios” realizados en las fichas patrimoniales para despatrimonializar algunos bienes inmuebles y dejarlos a merced de las apetencias inmobiliarias? El caso del Hotel Quito es sintomático.
Preocupa -esperemos que sea un lapsus temporal- la falta de visión y presencia de la Cultura en las declaraciones del presidente que se posesiona en pocos días. Entre tanto, muchos funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Cultura reclaman la falta de institucionalización y corrupción al interior de esta cartera, manejos desordenados, sin normativas claras de funcionamiento y tomas de decisión erráticas y de último momento.¿ Qué mismo ha realizado un INPC cuyas funciones son la protección del patrimonio y la investigación sobre el mismo? Qué sucede con su pariente cercano el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación?
Por ello, con verdadera complacencia asistimos hace poco al lanzamiento de un concurso público para ocupar la dirección del INPC. Ya en curso, se determina el acompañamiento de dos expertas externas -Gabriela Eljuri y Alexandra Kennedy- al conocer las bases, nos retiramos porque este favorecía a la burocracia centralista. Nuestra declaración no la hicieron pública; se cambia 4 veces el cronograma, los concursantes no conocen las razones. La candidata con mayor puntaje -la gestora cultural Monserrath Tello radicada en Cuenca- en la última fase, la de entrevistas, es descalificada por no poder acudir en presencia a la mismas. No se considera ni la emergencia sanitaria, ni su condición de madre lactante. Impugna el concurso por vulneración de derechos, se niega dicha impugnación. Tello pone una acción de protección ante el juez. Lo mismo de siempre…