La formación de esta comunidad económica, a partir del Tratado de Roma firmado el 25 de marzo de 1957 por los 6 países iniciadores —Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Holanda—, fue la culminación de los esfuerzos emprendidos desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial para unificar Europa occidental y formar su mercado común. Y a partir de 1973 ella juntó a 28 países —con una población total de 530’200.000 habitantes— en un solo mercado común y fue el proyecto más avanzado del mundo en materia de integración económica.
Según el “United States Census Bureau”, a mediados del 2017 Alemania tenía 80,6 millones de habitantes, Francia 67,1 millones, Reino Unido 64,8 millones, Italia 62,1 millones, España 49,0 millones, Polonia 38,5 millones, Rumania 21,5 millones, Holanda 17,1 millones, Grecia 10,8 millones, Bélgica 11,5 millones, Portugal 10,8 millones, República Checa 10,7 millones, Suecia 10,0 millones, Hungría 9,9 millones, Austria 8,8 millones, Bulgaria 7,1 millones, Dinamarca 5,6 millones, Finlandia 5,5 millones, Eslovaquia 5,4 millones, Irlanda 5,0 millones, Croacia 4,3 millones, Lituania 2,8 millones, Eslovenia 2,0 millones, Letonia 1,9 millones, Estonia 1,3 millones, Chipre 1,2 millones, Luxemburgo 0,6 millones y Malta 0,4 millones.
Y todos esos países —en los que imperaban las instituciones democráticas, la vigencia del Derecho, la protección de las minorías y el respeto a los derechos humanos— cumplieron con los denominados “Criterios de Copenhague”, de modo que, en lo político y económico eran considerados Estados que tenían sistemas de mercado con niveles de competitividad para desenvolverse en el ámbito económico y mercantil de Europa y que respetaban el Acuerdo Europeo de las “cuatro libertades básicas”, que se resumían en la libre circulación de personas, capitales, mercancías y servicios.
En tales condiciones, cada uno de ellos asumió las obligaciones inherentes a su membresía de la Unión, especialmente en lo relativo a la política exterior y a seguridad común.
Y el proceso avanzó a pesar de los temores de que la integración traería altos índices de inmigración y afluencia de mano de obra barata que perjudicaría a los trabajadores europeos, y del choque cultural y el impacto de los bajos estándares ambientales de los países del este europeo que ingresaban a la Unión.
El Tratado de la Unión Europea —conocido también como “Tratado de Maastricht”— , firmado el 7 de febrero de 1992, dio una nueva estructura y alcances al proceso de integración de Europa, entre otras razones, porque produjo el nacimiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), creó el “euro” como moneda común europea y estableció las autoridades supranacionales para administrarla.