El Ecuador vive momentos de abierta esperanza. Según encuestas recientemente publicadas, la imagen y aprobación presidencial son altas, las principales políticas públicas gozan de apoyo, y más del 50% de los encuestados siente optimismo por el futuro del país. Hemos pasado muchos años en constante zozobra, esperando un siguiente zarpazo desde el poder contra las libertades, el erario público o la elemental decencia. Necesitábamos sentirnos mejor. Pero la satisfacción de esa necesidad encierra un enorme riesgo: que caigamos en la complacencia y la poca vigilancia.
Debemos tener cuidado, pues los lobos aún acechan. La Fiscal General del Estado acaba de emitir un video en el que dice que “la lucha contra la corrupción no está siendo firme. (…) El sistema de justicia (…) está dando un mensaje a la ciudadanía [de que] los casos de corrupción no importan” porque aplica la prisión preventiva con lenidad a los corruptos, y muy severamente al que roba un celular. El nuevo presidente de la Conaie, que se declara convencido revolucionario marxista-leninista dedicado a tumbar la democracia, intentó imponer la contratación de asesores a una asambleísta, y cuando fue revelada su prepotencia, exigió que sea ella la que ofrezca disculpas -a lo que ella se negó- y amenazó con expulsarla de su movimiento. Las evidencias son claras de que nuestra momentánea esperanza pudiera deteriorarse rápidamente. Y si eso llegase a suceder, existe además la triste posibilidad de que, luego, vendría el tantas veces oído sonsonete de que este país no puede cambiar, que así somos.
Por eso no podemos dejar solas a esas dos valientes mujeres ni a las demás figuras públicas que están en la lucha. Como he argumentado en muchas ocasiones, la erradicación del abuso y la corrupción no les corresponde solo a las autoridades políticas y judiciales. Ahora, más que nunca, todos quienes hacemos la sociedad civil debemos respaldar masivamente, de todas las maneras y por todos los medios posibles, con muestras constantes de respeto y de admiración, a la valiente fiscal general Diana Salazar, a la valiente asambleísta Gisella Molina y a cuanta otra figura pública está enfrentando y enfrente con similar entereza a aquellos que nos amenazan con continuar las prácticas corruptas y antidemocráticas que han hecho tanto daño a nuestra sociedad.
Y ese decidido respaldo debe venir acompañado de un claro mensaje para los políticos y demás funcionarios abusivos y corruptos: la advertencia de que no les vamos a tolerar, que iniciaremos y/o apoyaremos procesos contra ellos de revocatoria de mandato o de remoción todas las veces que se justifiquen y, en su momento, los derrotaremos en las urnas si pretenden ser elegidos o reelegidos. Las palabras son importantes, pero no suficientes. Debemos estar dispuestos a actuar.