El adjetivo “lesa” se aplica para aquello o aquel que ha recibido un daño o una ofensa. Los crímenes de lesa humanidad, en consecuencia, son los que por sus características se cometen contra un grupo humano particular. Estos delitos se encuentran tipificados en el Estatuto de Roma, instrumento legal constitutivo de la Corte Penal Internacional, creado en la capital italiana en 1998.
El Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil determinada, y enumera entre estos crímenes, por ejemplo, a los siguientes: el asesinato u homicidio intencionado, el exterminio o imposición intencional de condiciones de vida inhumanas como la privación de alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de la población o parte de ella, la deportación o traslado forzoso de un grupo humano, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física de personas en violación de normas fundamentales del derecho internacional, entre otros.
He citado solo estos casos como ejemplos de delitos de lesa humanidad, pues se ajustan claramente a conductas criminales cometidas en dictaduras vigentes como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua, sin perjuicio de otros delitos graves que también están contemplados en el mismo Estatuto de Roma como la persecución a grupos de personas por razones políticas cuando estas implican violaciones a los derechos humanos esenciales, algo cotidiano en aquellas tiranías. Pero también he citado esos ejemplos porque no solo se producen crímenes de lesa humanidad en esos tres países azotados por dictaduras comunistas, sino también aquí en Ecuador, que hasta hace poco vivió un gobierno totalitario reñido con el sustento de la democracia que es la división de poderes, se produjeron hechos que deben ser procesados en la Corte Penal Internacional como delitos de lesa humanidad, como por ejemplo el caso del 30 de Septiembre de 2010, que dejó cinco personas muertas sin haberse descubierto hasta ahora a los responsables de esos crímenes, y de manera especial, el asesinato de Froilán Jiménez, realizado de forma artera y premeditada cuando se producía el supuesto rescate del presidente del hospital de la Policía Nacional, caso que provocó además detenciones y procesos judiciales a mansalva contra decenas de personas que pagaron penas de prisión por presuntos delitos cometidos, al parecer, en un entorno nebuloso y teatral.
O casos como el secuestro de Fernando Balda, ex asambleísta y opositor del gobierno de Correa, que hoy se encuentra en plena investigación con el aparecimiento de nuevos indicios en contra de autoridades de aquel gobierno; o los asesinatos de denunciantes de actos de corrupción como Quinto Pazmiño y su esposa María Elizabeth Chancay, el general Jorge Gabela o el periodista Fausto Valdivieso, entre muchos otros eventos tenebrosos de la década más oscura de los últimos tiempos.