Miguel Rivadeneira

¿Qué pasa con el resto?

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Del discurso y las intenciones hay que pasar a los hechos. Cuántas autoridades, jefes de organismos de control e incluso operadores de justicia se han pronunciado contra tanto acto de corrupción, destapado de los 10 años del nefasto gobierno correísta. Resultados: unos pocos procesados y sentenciados, pero nada recuperado de lo que se presume que cogieron por coimas y negocios del Estado y cuya cifra, no establecida, sería astronómica.

El 73 % de la contratación pública solo en la última etapa del hoy prófugo en Bélgica (2013-2017) fue a dedo, con un perjuicio de USD 1 400 millones según informe. Por ello el señalamiento que hubo una estructura de asociación para delinquir, en medio del alto nivel de impunidad.

Mientras unas autoridades reivindican con seriedad su trabajo, otras demoran con cualquier pretexto y no cumplen sus obligaciones. Cuántos jueces y juezas se prestaron para sentencias dispuestas desde el poder correísta y siguen en sus cargos.

En medio de la escasez de resultados hasta llegar a sentencias condenatorias y la recuperación de los dineros robados, en el debido proceso, sí hay pocas instituciones que han reivindicado su valiosa tarea.

La Contraloría entrega periódicamente informes, muchos con responsabilidad penal, que deja al descubierto tanta irregularidad en el manejo de fondos públicos.

La Fiscalía también hace esfuerzos en las indagaciones penales, aun cuando son insuficientes. El caso del sentenciado ex vicepresidente. Hay tantos procesos pendientes en su contra por peculado, concusión, cohecho, lavado de activos, testaferrismo, según el anterior fiscal.

Una institución importante hoy es la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), liderada por una mujer valiente que se jugara el físico e incluso desde antes , cuando fuera Fiscal e investigara el caso Odebrecht, que llevó a la sentencia condenatoria. Pese a las amenazas que recibiera continuó adelante. ¿Por qué no siguen su ejemplo en otras instituciones? Actúa de manera autónoma, sin interferencias. El resultado de sus análisis y el reporte de operaciones inusuales e injustificadas son remitidos a la Fiscalía. Los principales ejes de su acción es la prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos. Ha presentado propuestas de reformas al Código Penal para lograr medidas eficaces de inmovilización de cuentas, a fin de evitar el traslado de bienes y activos a terceros, una vez que se conocen sus vinculaciones. En solo 6 meses de trabajo, ha remitido a la Fiscalía 11 reportes de operaciones inusuales e injustificadas. Ha presentado 3 acusaciones particulares y 3 reconocimientos de firmas y ha formulado una queja formal por la revocatoria de prisión en el caso de un ex ministro que ofreció cortar las manos a los corruptos y fue uno de los descubiertos.