He respaldado y respaldo la concesión del asilo a Julián Assange por el gobierno del presidente Correa. Invocando la Declaración Universal de Derechos Humanos, Ecuador le ofreció la protección que requería ante el “real e inminente peligro” que corría por la divulgación de documentos que el Departamento de Estado de Estados Unidos había cruzado con sus embajadas sobre diversos temas de interés para Washington.
No hay que olvidar que Wikileaks, organización dirigida por Assange, recibió, no hackeó, esa información de un militar estadounidense, el soldado Bradley Manning, quien la había obtenido, él sí, de manera ilegal como analista de inteligencia. Wikileaks, previos acuerdos, la divulgó a través de los más prestigiosos medios de comunicación del mundo, de cuya seriedad no se puede dudar: Le Monde, New York Times, El País, The Guardian y Der Spiegel. No hubo nada oscuro, truculento ni irregular. También la circuló en nuestro país a través de medios privados: El Universo y EL COMERCIO. Y hasta el diario gubernamental El Telégrafo.
Se le ha pedido a Assange “que rinda testimonio” acerca de supuestas inconductas sexuales cometidas en Suecia. Hay que aclarar: no ha sido acusado de ningún delito, solo se le pide su versión de los hechos. Por alguna inexplicable razón, a pesar de todos los adelantos de la tecnología aplicada en la justicia sueca y de que no hay ley que lo impida, hasta ahora no se le ha permitido rendir ese testimonio a través de videoconferencia desde la Embajada de Ecuador en Londres, donde aún se encuentra asilado.
Transcurridos tres años desde que nuestro país tomó esa acertada decisión, se ha revelado estos últimos días que Wikileaks ha divulgado nueva información que, en este caso y paradójicamente, involucra al Ecuador. Según se conoce, la organización que dirige Assange, ha hecho saber que la empresa Hacking Team habría mantenido relaciones contractuales con la Senain para intervenir en correos, teléfonos y otros medios de comunicación privados de políticos, periodistas y personalidades del país.
Resulta, pues, que Assange en su vocación de transparentar la conducta de los Estados ha develado nuevos datos, tal como lo hizo en su momento con documentos de Estados Unidos, que esta vez involucran al Ecuador que, paradójicamente, es el país que le ofrece protección.
Difícil situación la que enfrenta el Gobierno, en especial, su diplomacia y la Senain. Es un contrasentido proteger a Assange y desconocer lo dicho por Wikileaks sobre Ecuador. Es decir, está bien que se divulguen datos de Estados Unidos pero mal que lo haga de asuntos que conciernen al Ecuador. Él, Assange, cuyos derechos defiendo, es el que no hace distinciones al difundir la información de que dispone, provenga del país que provenga. Lo que se impone es la transparencia, así lo ha sostenido siempre el presidente Correa.
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