Este miércoles se ha previsto la reconstrucción de las operaciones de la fuerza pública para rescatar al presidente Correa del hospital de la Policía la noche del 30 de septiembre de 2010. En medio de intensos tiroteos, sacaron al Mandatario en un vehículo protegido por un escudo humano de uniformados, entre los cuales se hallaba el policía Froilán Jiménez, que cayó muerto por una bala de fusil. Dos militares, dos policías y un universitario fueron las víctimas mortales en Quito. Después de casi ocho años, no existen responsables de las cinco muertes.
El Gobierno anterior desplegó una intensa campaña publicitaria para imponer su versión sobre ese trágico día y, a partir de ella, persiguió a centenares de militares y policías.
La construcción de la “verdad oficial” empezó con ayuda de intelectuales alineados con el régimen, que hasta imaginaron una surrealista categoría de “golpe de Estado en red premoderno, posmoderno y transgénico” para justificar la versión de intento de golpe de Estado y magnicidio, pese a que nunca apareció la figura en busca de tomarse el poder, ni un vicepresidente que pretendiera serruchar el piso al primer mandatario. Una mayoría oficialista dominaba la Asamblea, las FF.AA. declararon su apoyo al régimen de derecho, el Presidente mantenía una amplia popularidad y cualquier aventura golpista tenía asegurado el rechazo internacional. Hasta quienes echan mano del galimatías verbal para bautizar el intento de golpe en esas condiciones reconocen una verdad de Perogrullo: “En crisis, primero deberían intervenir otros niveles institucionales y solo en última instancia el Presidente de la República”.
Lo que comenzó como repudiable insubordinación policial por la Ley Orgánica de Servicio Público y con manifestaciones de descontento de grupos militares en el Ministerio de Defensa y en el aeropuerto de Quito, derivó en una peligrosa crisis tras el imprudente ingreso de Correa al foco de la protesta, el Regimiento Quito, y de su desafortunada intervención que en lugar de aplacar los ánimos de los sublevados los inflamó.
La Comisión gubernamental para investigar el 30-S concluyó en 2014 que hubo “un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional”; y endilgó a los medios de comunicación responsabilidades por “haber creado la atmósfera para la desestabilización y el golpe Estado”.
Las acusaciones de manipulación de pruebas y uso de fondos reservados de la Senain sembró más dudas sobre esta Comisión.
Y de la cinco víctimas, ¿qué dijo? Nada, reclama la hermana de Froilán Jiménez, que con ejemplar tenacidad busca conocer quién disparó el fusil asesino y que se juzgue a los responsables de esa y las otras muertes. Las víctimas olvidadas del 30-S claman justicia.