Diego Araujo Sánchez

Sin escolta de seguridad

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Restan pocos días para que el expresidente Correa se quede sin la escolta de seguridad que, antes de dejar la presidencia, él mismo se encargó de autorizar por decreto del 3 mayo del año pasado. El mandatario dispuso “proporcionar de ser necesario protección y seguridad a los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de: un año y seis meses respectivamente, los plazos se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”.

Más allá de la tortuosa sintaxis y la pésima puntuación, el decreto muestra, en primer lugar, el uso del poder público en beneficio particular. Los anteriores ex presidentes y ex vicepresidentes no mantuvieron la escolta de seguridad al dejar el poder. Ninguno de ellos, cuando lo ejerció, se sirvió de una seguridad tan grande y aparatosa como la de Correa.

La prevención de dotarse de seguridad constituye, en segundo lugar, un indicio de la forma como ejerció la presidencia: la conducta autoritaria, la polarización, el conflicto, los ataques a diversos grupos y personas fueron el pan de cada día durante el correísmo. Un ejercicio de la política democrático, inclusivo, respetuoso de las diferencias, no genera resentimientos, ni obsesivas preocupaciones por la seguridad. El pueblo ecuatoriano es generoso con las figuras públicas. En las calles y cualquier otro espació público, el ex mandatario democrático recibe muestras de simpatía, reconocimiento y afecto.

He visto al ex presidente Rodrigo Borja caminar desde la hermosa sede de la Academia Ecuatoriana de la Lengua en La Merced hasta el estacionamiento del Cadisan. Decenas de personas de diversa condición social se acercan a saludarlo con emoción y cariño. Simón Espinosa, con su habitual sentido del humor, pide a otros miembros de la Academia retrasar el paso para dejar solo al doctor Borja con los ciudadanos. “Ven, Diego, me dice Simón. Esa gloria no nos pertenece”. Y tiene razón: es timbre de orgullo para una figura pública no tener necesidad de aparatos de seguridad, ni en el poder , ni cuando se aleja de él.

El decreto del 3 de mayo expone una peregrina consideración para la resolución: “Es un deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los ex presidentes y ex vicepresidentes constitucionales de la República, quienes han ejercido las más altas magistraturas del Estado para asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar”. Si hacemos caso de la puntuación del texto oficial, allí se afirma que presis y vices han ejercido las más altas magistraturas para asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar… Ciertamente, bromas aparte, no se quiso decir aquello. Pero ¿se necesita un equipo de guardaespaldas para pasar de ciudadano presidente a ciudadano sin más?