El ministro Augusto Espinosa se subió a la tarima. Y desde ahí, en las afueras de la Asamblea, se dirigió a decenas de maestros que se congregaron para apoyarlo en el proceso de juicio político que se sigue en su contra.
El libreto parecía el de un candidato, más que el de un Ministro en funciones que debía entregar en la Comisión de Fiscalización sus pruebas de descargo por no asegurar bienes públicos, como la Unidad del Milenio de Pedernales, en Manabí.
Así, Espinosa desnudó su estrategia. Convirtió un tema de fiscalización en una escenificación política para transmitir un mensaje, con el apoyo de los adeptos al régimen.
El tema de fondo, el aseguramiento de la infraestructura escolar, pasó a un segundo plano. Lo importante en este esquema era que su tesis contaba con apoyo popular. Eso es lo que el Gobierno quería transmitir.
A los docentes, que llegaron de varias provincias les concedieron permiso con cargo a vacaciones. En este caso no hubo reparos si esto implicaba la suspensión de clases en sus localidades. El respaldo al Ministro se volvió una prioridad.
Esta demostración parece la antesala del desenlace que tendrá el juicio en el Legislativo, donde Alianza País tiene mayoría y seguramente exculpará a Espinosa, quien según la Contraloría tenía la obligación de asegurar la infraestructura escolar.
La primera señal del fin que tendrá este caso la dio el presidente Rafael Correa en una sabatina hace un par de semanas. Para el Mandatario es una insensatez asegurar todas las propiedades que administra el estado.
Siguiendo esa línea, Espinosa ha sostenido que ninguna norma vigente obliga a un ministro a contratar pólizas de seguro. No obstante, sí aseguró otros bienes como vehículos, equipos electrónicos, mobiliario y maquinaria. Cómo entender, entonces, ¿por qué sí se contrató pólizas para bienes menos expuestos a daños que aquellos que sí fueron afectados?
Lo cierto es que en esta lógica política predominan el espectáculo y la tarima.