Shlomo Ben-Ami

Colombia: Asedian acuerdo de paz

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Jueves 23 de agosto 2018

En 2016, el gobierno de Colombia alcanzó un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a una guerra de 52 años en la que murieron más de 265 000 colombianos y otros siete millones fueron desplazados. Este acuerdo ha sido aclamado como un nuevo modelo para la solución de conflictos aparentemente intratables, pero ahora enfrenta una prueba de una magnitud inédita.

Erradicar las raíces de un conflicto tan prolongado sería difícil incluso en las mejores circunstancias. Pero lo será todavía más con la asunción de Iván Duque como presidente de Colombia. El mentor de Duque es el expresidente Álvaro Uribe, némesis política del predecesor inmediato de Duque, Juan Manuel Santos, el arquitecto del acuerdo de paz.

Duque ya se ha negado a reconocer pilares fundamentales del acuerdo, como la condición conferida a las FARC de partido político legítimo, habilitado para participar en elecciones democráticas. También rechaza la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un nuevo sistema tribunalicio extrajudicial, creado como en el acuerdo para tratar según el principio de justicia transicional el legado de abusos cometidos por las guerrillas de las FARC y las organizaciones paramilitares de derecha que las combatieron.

El poderoso establishment conservador de Colombia nunca aceptó el espíritu liberal en que se basa la JEP, tendiente a una justicia de carácter más restaurador que punitivo, que pone a las víctimas (y a la verdad) en primer plano. Esto incluye reparaciones a las víctimas y reconocimiento de culpas, pero también la posibilidad de que los altos mandos de las FARC no vayan a prisión por sus crímenes.

El Senado de Colombia ha sustraído del ámbito de la JEP a figuras militares, empresariales y políticas de alto rango sospechadas de complot con los paramilitares de derecha. Los senadores sostienen que el ejército necesita otro tribunal con “jueces imparciales”, en vez de los “izquierdistas” de la JEP. Felizmente, un fallo de la Corte Constitucional de Colombia impide al presidente cambiar sustancialmente el acuerdo de paz. Pero aun así, Duque puede dificultar su implementación, negándole recursos y atención.

Pero incluso sin una oposición activa de Duque al acuerdo de paz, su implementación supone grandes desafíos. Oficialmente las FARC están desmovilizadas, pero algunos de sus integrantes se han negado a abandonar la lucha y están trabados en una guerra sin cuartel con grupos paramilitares (surgidos, en casos de las milicias de derecha que se desmovilizaron a principios de este siglo); con el Ejército de Liberación Nacional (ELN, milicia marxista que resistió la oferta de Santos de negociar un acuerdo de paz separado); y con bandas criminales que compiten por adueñarse de la economía ilícita de las FARC.