El programa de ajuste del FMI requiere la participación compartida de toda la sociedad ecuatoriana para revertir el decrecimiento económico y social. Con acciones concretas, el Estado, los dueños del capital y la fuerza trabajadora deben poner su cuota parte de sacrificio con equidad. Aquí no se trata solo de corregir el déficit fiscal botando gente al desempleo, sino de aplicar un programa de austeridad de buena calidad social.
Se trata de que todas las instituciones que dependen del Presupuesto Nacional acepten bajar la masa salarial y los gastos en bienes y servicios, incluyendo a las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, los civiles y militares, gobiernos seccionales, empresas públicas, con el fin de colaborar equitativamente para bajar los egresos en 5 puntos del Producto Interno Bruto, en tres años, con disciplina y determinación.
Solo así el Gobierno tendrá autoridad moral para aplicar una reforma tributaria inteligente y justa, que racionalice algunos impuestos poco efectivos y de fácil evasión, compensando con una subida al IVA que es de difícil evasión, a la luz de la experiencia ecuatoriana que ya pagó 14% de IVA durante un año y no causó mayores efectos en el desarrollo nacional.
Una decisión de esta naturaleza requiere de voluntad política de los partidos y movimientos que tienen voto en la Asamblea, considerando que un equilibrio macroeconómico conviene al país primero y a todos los que quieran gobernar en el futuro. De lo contrario el gobierno, para subsistir, deberá eliminar los subsidios al diesel y a las gasolinas.
La empresa privada también debe contribuir equitativamente sustituyendo a la inversión pública pero con expectativas de menores utilidades a mayores lapsos. Lo contrario sería poner más leña al fuego y sumir al país en una crisis social e inestabilidad política. Aquí el Gobierno debe apoyar prioritariamente a las empresas productivas medianas y pequeñas para ganar competitividad y no solo atender los pedidos excesivos del sector comercial y, de su parte, los bancos lograr más inclusión financiera. Esta contribución es algo que los opinantes funcionales al economicismo soslayan.
Sobre la base de lo anterior, los trabajadores también deben hacer concesiones a la realidad, aceptando disminuir los exagerados pagos en los casos de despido y mejorando su productividad para merecer un aumento justo de sus remuneraciones. Toda reforma debe tener en cuenta la necesidad de disminuir el número de pobres, para lo cual patronos y trabajadores deben facilitar el aumento del trabajo decente.
No se trata de disminuir el ingreso disponible de los trabajadores porque el peso del factor trabajo no siempre es el mismo en todos los ámbitos de la actividad productiva. Por ejemplo en los sectores camaronero, bananero y atunero, con los costes laborales actuales, exportaron USD 10.000 millones y aumentaron el empleo adecuado como nunca antes.