Las campañas políticas tienen una dosis de absurdo. Ésta, que formalmente ni ha empezado pero que hace rato echó a andar, va cumpliendo el récord del sinsentido, porque podría generarle al país una agria confrontación y una crisis que no le convendría ni al propio Gobierno.
Lasso cometió un error tragicómico al haber hecho la propuesta de elevar el BDH a $50 dólares. Habiendo articulado un meticuloso discurso alrededor del sentido común, se dejó llevar por los cantos de sirenas electorales, que le dictaban que tenía que caer en el baratillo de ofertas para ser un candidato que cuente en la contienda.
Tiene razón Rafael Correa cuando critica a Lasso por su entusiasmo de última hora en el bono, cuando la posición definida del candidato era de oposición al indiscriminado gasto público y a los esquemas generalizados de subsidios que no son perentorios y que pueden derivar en la institución de permanentes clientelas políticas.
La propuesta, en boca del candidato Lasso, resultó forzada e inverosímil, no propia de quien pretende erigirse en la antítesis de la izquierda caudillesca y populista que nos gobierna.
Lasso cometió un error garrafal saliendo de su zona de confort y aventurándose en ese terreno pantanoso en donde el Gobierno sabe moverse con desparpajo.
El problema más serio, sin embargo, vino después, con la respuesta presidencial. Como un huracán que ensombrece de repente el horizonte con la voracidad de su fuerza interna, Correa contestó para descolocar a Lasso y devolverlo al terreno de banquero. De esa manera, obligándolo a defender los intereses de la institución bancaria que le pertenece.
Correa, me temo, no sopesó adecuadamente los riesgos de tal decisión visceral. Una cosa es la intervención silenciosa, lenta pero progresiva en la actividad privada, y otra muy distinta es meterse de manera directa y arbitraria a confiscar utilidades de un sector económico específico.
Jugar con la confianza ciudadana y con el sistema financiero tiene el potencial de derivar en la propagación de un temor entre depositantes y devolvernos a los aciagos días del 99. ¿Ha pensado el economista Correa en los efectos colaterales de su triunfal decisión política? Me temo que esta vez, a pesar de su pragmatismo, no lo ha hecho. Hígado sobre razón, como su principal enemigo.
Todo este embrollo tiene un tufo de cofiequización peligrosa. Por un lado, la banca no alineada corre el riesgo de sufrir el destino de Cofiec: banca estatal al servicio del Gobierno de turno. Los ciudadanos corremos el riesgo de ver a la potencial nacionalización como una cofiequización de facto. Y el Gobierno, que pretendía escapar del caso Cofiec con este golpe de mesa, podría conducir a que el país pague un costo económico letal.