El Código Monetario y Financiero debe, ante todo, precautelar la dolarización en forma inequívoca para eliminar incertidumbres e incluso resguardar la estabilidad política.
Debe asegurar que haya liquidez suficiente para hacer frente a sucesos inesperados, internos y externos, a fin de mantener la certidumbre de los depositantes que desean que sus dineros no corran ningún peligro.
Debe fecundar la confianza para que los depósitos se coloquen a más de un año y así haya mayor factibilidad de que los créditos productivos también sean de mayores plazos.
Pero también el Código debe tender a priorizar el crédito a las empresas productivas medianas y pequeñas en aras de aumentar la producción y el empleo remunerativo.
La formación de leyes es una de las actividades más complejas del intelecto, pues norman al comportamiento humano y eso tiene sus consecuencias en la vida de todos; por eso es que las normas del Código Monetario y Financiero demandan una atención superlativa si queremos proceder con responsabilidad.
Una Ley de esta trascendencia tiene una sensibilidad sistémica porque toca en definitiva al comportamiento del “homo economicus”, razón por la que no parece sensato que se trate superficialmente.
El control del uso de los dineros por parte de bancos y financieras es necesario e insoslayable para que no se repita la crisis de 1999, pero sin ir a extremos que debiliten la solidez bancaria ni minen la confianza de los depositantes.
Que hay bancos chicos que necesitan fusionarse para ganar en solvencia es indiscutible; que es necesario dar crédito a los emprendedores medianos y pequeños también es importante, que las tasas de interés para los préstamos para la gente pobre son muy altas es algo que no se puede negar y que reclama un mecanismo positivo.
Para todo esto se precisa de un tratamiento equilibrado que permita que haya más préstamos para estos sectores, sin desmejorar la calidad de la cartera de los bancos ni afectar a la liquidez, que es el principal instrumento de la confiabilidad.
Pero lo fundamental es ser claro no solo en las expresiones verbales que se lleva el viento sino en el texto inequívoco, es decir, que no admita duda ni equivocación, que no dé lugar a temores infundados o a interpretaciones sobre la preservación de la dolarización, que no admita la creencia de que el Gobierno va a utilizar moneda electrónica sin respaldo o que va a pretender administrar las divisas de los depositantes.
Por favor, evitemos los equívocos, los textos que pueden dar lugar a entender o interpretar en varios sentidos. Y para esto, los hacedores de estas leyes deben ser competentes en ciencia económica, sinceros en sus planteamientos y acertados en la redacción jurídica.