El país necesita un desbloqueo político porque con la actual estructura está condenado al inmovilismo y la ingobernabilidad. No puede ser que los grupos que perdieron las elecciones quieran imponer las cosas desde la Legislatura, con cinismo, presiones y extorsiones. Frente a ello no queda otra alternativa que usar el recurso constitucional y consultar al pueblo para aprobar reformas.
La Función Legislativa es uno de los pilares de la democracia para legislar y fiscalizar. Sin embargo, cuando una mayoría de representantes se transforma en una herramienta de bloqueo permanente y un obstáculo que se opone a todo, le tornan inviable al país y tiene que buscarse salidas, dentro del ordenamiento jurídico.
Cuál ha sido el saldo de la Asamblea: escándalos, denuncias y acusaciones entre ellos de presuntas irregularidades; acuerdos, exhortos, resoluciones y leyes que no solucionan los problemas de fondo. Al contrario, hace semanas la Corte Constitucional llamó la atención a la Asamblea para que no vuelva a aprobar leyes sin financiamiento, de manera irresponsable.
No puede ser que la Asamblea no pueda contribuir y se haya tornado insensible mientras las familias viven angustias por la crisis y exigen salidas urgentes y concretas a los principales problemas económicos, sociales, el desempleo, la desnutrición infantil, la inseguridad ciudadana, la violencia delincuencial e intrafamiliar, las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado, los altos niveles de corrupción.
Qué calidad moral tienen aquellos que gobernaron diez años y hoy critican los anuncios del Régimen, cuando ellos administraron una bonanza, tuvieron enormes recursos que sirvieron para la corrupción y pese a ello se endeudaron agresivamente, incluso cuando el país tuvo enormes ingresos y recibió más de 100 dólares por barril de petróleo.
A ellos se ha sumado el partido que no ha podido ganar las elecciones, que se opone a todo, que estuvo a punto de imponer y someter al Presidente en el acuerdo de comienzo del período legislativo y que ha pretendido gobernar desde afuera. Igualmente, está presente el brazo político del sector indígena, que no le ha importado su identidad ni la posición que representa y hoy coinciden con quienes les persiguieron.
Dicen que combaten la corrupción y resulta una afrenta que en lugar de respaldar la tarea valiente del Presidente de la Comisión de Fiscalización, que aporta con sus investigaciones sobre corrupción, pretenden sancionarlo por el hecho de haber señalado a más de una veintena de asambleístas por presuntas irregularidades y que por glosas tienen cuentas pendientes con la Contraloría. Frente a este panorama de obstruccionismo no queda otra opción que el recurso constitucional de la consulta popular, para desbloquear el país y resolver los problemas económicos, sociales y políticos.