A veces el Ecuador es un país de paradojas: en tres décadas no se ha logrado erradicar la desnutrición infantil, pero todos los años se producen casos de sobreproducción de alimentos, como las frutas, por ejemplo.
En septiembre del 2017, productores de mandarina y de naranja en Manabí veían cómo se dañaban las frutas en el suelo y tuvieron que regalar los productos. Ahora, en la misma provincia, los agricultores de plátano barraganete tienen excedente de producción y presionan porque se les pague un precio oficial, aunque la realidad del mercado es otra. Una salida planteada desde el Estado para usar el excedente es realizar estudios de factibilidad para instalar plantas de chifles o patacones, aunque allí ya existen iniciativas de los gobiernos locales que apuntan a elaborar lo mismo.
Lo que sucede con las frutas se repite en arroz o maíz. Llegará el momento en que también exista presión desde los agricultores, para que se respeten los precios oficiales o para buscar alternativas a escenarios de una mayor oferta de sus productos.
Esta realidad en el agro no cambia. La falta de una agenda oficial sostenida de agroproducción y la incidencia política en los gremios de agricultores, no permiten avanzar hacia una gestión sostenida en el tiempo.
Aunque desde el Estado se regalan semillas, fertilizantes o insumos, la baja productividad, los altos costos de producción, la falta de planeación, la innovación, el valor agregado, no se consolidan en el agro. Eso, a pesar del gran potencial que tiene el país, en un escenario en el que la demanda mundial de alimentos crece y es la gran oportunidad para encontrar nichos de exportación y contribuir desde este sector al fortalecimiento de la dolarización.
Iniciativas o buenas intenciones no faltan. Hace un par de años, desde el sector privado se planteó la propuesta Ecuador agroalimentario, para trabajar en productividad y valor agregado. Ahora está la Gran Minga Agropecuaria, para impulsar el desarrollo agrícola; pero los resultados, por ahora, no se sienten.