El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un paso positivo para cubrir necesidades inmediatas del Gobierno. Sin embargo, se necesitará mantener el apoyo internacional en los próximos años e involucrar a más multilaterales para mantener el flujo de recursos que necesitará el país cuando arranque la etapa de reactivación económica. Al mismo tiempo, se vuelve indispensable realizar las reformas internas para que Ecuador pueda valerse por sus propios medios.
El nuevo acuerdo con el FMI, denominado de Servicio Ampliado (SAF), es por un monto mayor respecto al firmado en marzo del 2019. El anterior fue por USD 4 200 millones y el nuevo será por 6 500 millones, lo que reconoce la gravedad de la caja fiscal.
De ahí que también se haya anunciado un mayor desembolso inicial: USD 4 000 millones hasta fin de año, mientras que el anterior fue por apenas 652 millones.
En cuanto a plazos, el nuevo programa tiene una duración menor: 27 meses frente a los tres años del acuerdo anterior.
Los objetivos del nuevo programa también han cambiado. El plan de marzo del 2019 giró en torno a cuatro objetivos: promover la competitividad y la creación de empleo; afianzar la sostenibilidad fiscal y los fundamentos institucionales de la dolarización; proteger a los pobres y los más vulnerables; y mejorar la transparencia y apuntalar la lucha contra la corrupción.
Este programa fue cancelado en mayo pasado y las autoridades comenzaron a negociar uno nuevo, con los efectos de la pandemia como telón de fondo.
El nuevo acuerdo tiene solo dos objetivos: proteger la vida de la población más vulnerable y restaurar la estabilidad macroeconómica, lo cual pasa por hacer sostenible las finanzas públicas.
El nuevo programa con el FMI, sin embargo, está sujeto no solo a la aprobación por parte de las máximas instancias de este organismo, sino también a una serie de acciones previas que deberán realizar las autoridades, además de cumplir una serie de criterios para que el FMI brinde financiamiento que excede al acceso normal y también garantías de los socios internacionales, incluidos los acreedores bilaterales, sobre sus compromisos financieros.
El Gobierno deberá acelerar el cumplimiento de estos requisitos para acceder al financiamiento. Eso es urgente, ya que los acreedores del Gobierno siguen a la espera de cobrar sus acreencias impagas, las cuales sumaron 3 677 millones hasta julio.
El pago de obligaciones atrasadas, así como la entrega de bonos para las personas más vulnerables, evitará que la economía siga deteriorándose. El propio FMI prevé que una contracción económica del 11% este año, lo que afectará más a los pobres.
Los compromisos del Gobierno con el FMI se resumen en mejorar los ingresos fiscales (reforma tributaria), optimizar el gasto público, ampliar la cobertura social y luchar contra la corrupción. Son medidas necesarias, pero han sido postergadas.