Vamos a ver: si en el caso de la destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo quienes han asumido la defensa de la democracia paraguaya son Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, aquellos que realmente creen en serio en la democracia forzosamente han de concluir que el tema, democráticamente hablando, va por otro lado. Decididamente por una camino diferente al que transitan esas cuatro personas. Y pobre de los paraguayos si sus libertades y derechos ciudadanos han de ser “garantizadas” por los nombrados. Pobre de ellos también y de su suerte económica, ante esta arremetida intervencionista que, Mercosur mediante, ha empujado y liderado Brasil, país con el cual a Paraguay no le ha ido muy bien en los negocios, particularmente en el que tienen a medias con la energía eléctrica que produce la represa binacional de Itaipú. Por un “acuerdo soberano” que Brasil firmó con el dictador Alfredo Stroessner , quien hasta el día de su muerte vivió un exilio de oro en Brasilia, los paraguayos están obligados a vender a su socio parte de la energía que le corresponde –la que no utiliza-, por la que los brasileños hoy le pagan U$S 8 el megavatio, el que revenden a U$S 80.
Por ahora, el siguiente capítulo es el informe del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, cuyos antecedentes no inspiran mucha confianza, aunque quizás ésta podría ser su “ oportunidad“ para rehabilitarse y recobrar autoridad, al decir de un ex canciller que conoce y quiere al funcionario chileno.
Se ha hablado de la destitución del presidente “constitucional y democráticamente electo”, incluso en extraño y apresurado comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a la que, según la apreciación de un hombre muy vinculado a la defensa de esos derechos, “parecería que la presión del chavismo bolivariano le ha hecho mella”.
Y efectivamente lo del presidente Lugo es así, tan así como que fue destituido a través de un juicio político previsto en la constitución paraguaya (artículo 225) y recibió un voto de “no confianza“ de más del 90% de los diputados y senadores tan constitucional y democráticamente electos como él. Incluso electos en el mismo acto en que Lugo fue elegido presidente y Federico Franco, quien lo ha subrogado en el cargo de acuerdo con lo previsto en la Carta Magna (art. 234), fue elegido como su vicepresidente. Todo esto ratificado por otros poderes tan constitucionales y democráticos como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral.
Llama la atención que no haya habido comunicado, ni información recogida “in situ” por el Secretario General de la OEA, en el caso venezolano de hace año y medio, cuando un congreso saliente renunció a su potestad legislativa y autorizó al Presidente Hugo Chávez a gobernar por decretos ley (como lo han hecho toda la vida los dictadores).