La divulgación en Twitter de la foto de una niña, hija de un bloguero, para amedrentar a otro periodista, sumada al envío de un sobre con cápsula detonante en el interior para una comunicadora de TV (igual que a la Asamblea) son repudiables, signos de una campaña política contaminada por el menosprecio a los periodistas entre denuncias sin eco judicial.
La acción de la autoridad pública para proteger a Janet Hinostroza, a Gabriel González (de Crudo Ecuador) y a Martín Pallares es mandatoria. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en la Organización de Estados Americanos (OEA) puntualiza que la seguridad de los periodistas es una obligación estatal. Sí. Estatal. ¿Por qué? Porque atentar contra los periodistas impide que la información llegue a los ciudadanos. Lo dice la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos:
Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Es cierto que seudoperiodistas estuvieron al servicio de banqueros y empresarios beneficiarios de recursos del Estado, impunes. Es cierto que aquellos que antes no tuvieron códigos para torcer titulares judiciales en favor de esos jefes, ahora mantienen iguales prácticas en otras orillas, incorregibles.
Nada justifica la violencia. El trato dado en la rueda de prensa de un candidato al periodista Patricio Carrera, de un medio gubernamental, es inadmisible igual, como el sistemático ataque de hackers a cuentas de redes sociales y a portales digitales independientes.
¿Ecuador debe seguir en la lista Freedom House de 10 “países a vigilar en el 2017”, junto con Filipinas y EE.UU., o el Estado va a tomar acciones para revertir el ataque a la prensa? El trabajo de los periodistas es vital para el sostenimiento de una democracia. Así de simple.