Hace algunos años, escribí un artículo con este mismo título, en el que me refería a los abusos cometidos con los carnet de discapacidad. Muchas leyes, señalaba, se aprueban con la intención de favorecer a los más necesitados o vulnerables, pero las buenas intenciones no bastan, pues la corrupción encuentra los resquicios para filtrarse y sacar ventaja criminal de los más nobles propósitos. La frase, atribuida a un monje cisterciense del siglo XII, “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”, revela esta terrible paradoja.
El comentario viene a cuento a propósito de lo que ocurre ahora mismo con la utilización corrupta de las garantías constitucionales para fines absolutamente ilegales.
Cuando la Constitución de Montecristi fue aprobada, se ponderó su condición de garantista de los derechos y, de alguna manera, era verdad; pero, al mismo tiempo, la defectuosa redacción de las normas, su peligrosa amplitud y la subjetividad con la que pueden ser interpretadas anticipaban los riesgos de su aplicación.
La situación ha estallado en los últimos meses. No solo se trata de la utilización sucesiva y reiterativa de acciones constitucionales que paralizan inmotivadamente el normal funcionamiento de las instituciones; están también los casos en que condenados en definitiva instancia por delitos de gravedad son liberados, porque la permanencia en las cárceles supuestamente vulnera sus derechos. Con este argumento no habría persona alguna privada de libertad que no la recuperaría, pues en la dura realidad de las cárceles ecuatorianas ninguna tiene una garantía plena.
Siendo mal pensados, y en este caso debemos serlo, hay que suponer que las inconsistencias, vacíos y dudas de las normas constitucionales no se deben a la incompetencia del legislador, sino al cálculo que hicieron sus gestores de que algún momento en el futuro les servirían para escapar de las sanciones que merecen.