En julio, la Vicepresidencia creó un bono mensual de USD240 para familiares de discapacitados severos, que estén dedicados a su cuidado.
Previo al inicio de la entrega del bono, el Gobierno censó a los discapacitados severos. En un principio llegará a solo 12 371 familias. Un costo de algo más de USD 35 millones anuales.
No conozco bono mejor diseñado, con mayores resultados para la inversión requerida.
En un país desarrollado, lo que cabe es que existan establecimientos donde las familias puedan depositar a sus discapacitados totales mientras trabajan. Eso no hay en el Ecuador. Tampoco cabe poner sendos centros en las ciudades más importantes, y olvidarse del resto.
El Estado por una módica suma está cumpliendo una función que le corresponde, sirviéndose que en nuestro país, todavía perdura la solidaridad intergeneracional.
Me recuerda lo que pasó en Europa hace un par de años durante un verano de inusitado calor. Las familias se fueron de vacaciones, y al regresar, muchas encontraron a sus viejitos, dejados atrás, muertos por sofocación. El Vicepresidente y su equipo merecen felicitaciones, pero no solo ellos, puesto que el Presidente pudo haber archivado el programa. Es una iniciativa de todo el Ejecutivo. Pero en cambio hay otro programa, iniciado el año pasado, que es un enorme desperdicio.
Todo empezó con el desplome del empleo. El Presidente, consciente que la creación de empleo está vinculada a la inversión, y que el sector corporativo requiere varios miles de dólares por cada plaza de empleo que crea, mientras que en la microempresa se crea un empleo por aproximadamente USD 800 de inversión, decidió atacar el problema del desempleo creando un crédito (CDH) de USD 840 para quienes reciben el bono de desarrollo humano. Lógico para un economista, errado para un sociólogo. No todo el mundo es emprendedor, más aún, si para empezar se necesita de un bono de USD 35 para subsistir. Además los pobres tienen siempre necesidades apremiantes que atender: desde la operación para la mamá, los estudios del hijo, hasta un nuevo televisor.
Una cosa es un crédito extendido por una institución de microfinanzas a un microempresario que presenta un proyecto, otra es entregar de una sola 24 mensualidades a cada beneficiario del bono que lo solicita.
En enero-julio desembolsaron USD 172 millones por el CDH; anualizado, serían casi USD 300 millones. ¿Cuántas microempresas se han puesto en marcha? ¿Cuántos empleos creados? ¿Cuánto se va a recobrar? ¿Cómo se podrá poner fin a ese despropósito?
En un país con tantas personas que no logran insertarse en la economía, el apoyo del Estado es una obligación. Pero es dañino crear rentistas del Estado entre quienes están en capacidad de trabajar.