Corre el plazo de la Asamblea para pronunciarse sobre el veto parcial a la ley de fomento. Central a la ley es la concesión de generosos beneficios tributarios a nuevas inversiones. El fisco no percibirá por mucho tiempo renta de esa inversión, pero la justificación es que si ni se atraía inversión, tampoco hubiese generado renta. El plazo para iniciar la inversión y acceder a los beneficios es 24 meses. Le urge a la economía atraer inversión privada, que supla a la pública, en franco descenso.
Este acápite de la ley es lo medular de la iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones para estimular la inversión privada. El Ministro Campana organizó el mes pasado un evento, con la presencia del Presidente Moreno, en que numerosos empresarios firmaron compromisos simbólicos de inversión para los próximos tres años. Cada empresario firmó su propio compromiso, y sumaron USD 9 mil millones. El monto real fue superior, ya que no se alcanzó a tabular los compromisos de última hora. Esa suma suena elevada; pero en 2016, la estadística oficial más reciente, la inversión privada fue USD 13.711 millones, cifra ampliamente superior.
Correa inhibió la inversión privada: USD 12 mil millones anuales de promedio, 12,5% del PIB, en sus últimos cuatro años. Hasta el año pasado los empresarios temían que entrésemos en un proceso como el venezolano.
Una meta realista sería que la inversión privada regrese a los niveles que tuvo en el trienio anterior a Rafael Correa, en que promedió 15,6% del PIB. Eso daría USD 16 mil millones anuales, superior en más de USD 2 mil millones a 2016. Si los USD 9 mil millones corresponden mayoritariamente a inversión adicional por el mejorado clima de negocios, y no reflejan lo que de todos modos se hubiera invertido, alcanzaríamos esa meta.
Parte de la inversión deberá ser extranjera, y aquí el Ecuador está a la zaga de la región. Según Cepal, en 2017 Ecuador captó USD 606 millones, mientras que Perú, cuya economía es sólo el doble que la ecuatoriana, captó USD 6.769 millones, Colombia, USD 13.924 y Chile, USD 6.419 millones. También lo superaron todos los países centroamericanos y la Bolivia de Evo Morales, economías mucho más pequeñas que la nacional.
Los beneficios tributarios no son la principal herramienta para atraer inversión extranjera. Lo que le falta al Ecuador es seguridad jurídica: por una parte, engorrosa y arbitraria tramitología; y por otra, nuestro deplorable sistema judicial. Hay sentencias inauditas contra empresas extranjeras, tanto en litigios con el Estado como con empresas privadas. Por eso, los inversionistas requieren la opción de recurrir a arbitraje internacional. Como despedida, el Presidente Correa denunció los acuerdos bilaterales de inversión, cerrando esta puerta. Un obstáculo que hasta ahora no superamos.