El esperanzador y muy bien recibido mensaje del presidente Lenín Moreno de luchar contra la corrupción, así como la gestión que culminó con la captura del ex ministro de Hidrocarburos y ex hombre fuerte de Petroecuador, dieron origen a la explosión verbal y a la furibunda retahíla de epítetos del expresidente Rafael Correa. ¿Cuál la causa de tamaña reacción? ¿Por qué un mandatario de “manos limpias” se descontroló al conocer el deseo del ex funcionario de someterse a la justicia y alcanzar una disminución de la pena, por brindar una colaboración eficaz a la Fiscalía General de la Nación, a cambio de la delación de los nombres de las personas que recibieron comisiones y coimas en innumerables contratos? ¿Por qué esa exasperación? ¿Acaso se desintegran las cortinas y escudos instalados durante diez años para ocultar la corrupción?
Hábilmente se organizó un entramado jurídico y político, desde los albores de la década pasada. Se colocó un primer escudo al quitar a la Contraloría General del Estado dos elementos inherentes a su función, como son el control previo de las contrataciones públicas y el derecho a auditar el gasto público. Se dio permisividad a contrataciones directas, sin licitaciones, a la silenciosa preventa petrolera a cambio del dinero necesario para compensar el despilfarro y el mal manejo de la economía nacional.
Se tejió otra cortina con las expresiones estereotipadas del colectivo gubernamental, ya en la Asamblea Nacional, ya en la extensa burocracia, orientadas a atacar a todos quienes pensaban distinto y a “exigir pruebas y el debido proceso” en todos los casos en que la sospecha recaía en sus coidearios, mientras que para aquellos compatriotas que denunciaron ilícitos, el juzgamiento y las sanciones tenían una admirable inmediatez.
El Ecuador está dolido, se lo ha catalogado como el tercero más corrupto de Latinoamérica, y se ha escuchado en una conversación grabada por un coimador-delator de la deshonesta empresa brasileña Odebrecht, que uno de los personajes se declaraba sorprendido por la desmesurada desesperación de algunos exfuncionarios para firmar contratos, con preferencia los más grandes, y obtener, en cada uno, soberbias comisiones.
El blindaje oficialista ahora aparentemente ha levantado su “bunker” en la Asamblea Nacional, su mayoría ha tratado de evitar auditorías de la gestión económica del gobierno que culminó y, para conseguirlo, ha utilizado un último escudo: interpelar a los funcionarios que sintonizan con la voluntad del pueblo ecuatoriano y con la oferta del actual mandatario.
Hay un clamor nacional para establecer, sin pretextos, cortinas ni blindajes, quiénes son los que defienden la corrupción y la impunidad y quiénes son los que luchan por devolverle al país la dignidad que ha sido hollada por la codicia de los muchos que prefirieron enriquecerse a costa de un enorme perjuicio económico y del inconmensurable daño moral irrogado al pueblo y a la patria.