No se trata de un per sonaje de una novela orwelliana ni de un ‘reality show’. Estamos hablando del complejo aparato de espionaje internacional implementado por EE.UU. Lo que empezó con millones de registros de llamadas telefónicas de ciudadanos norteamericanos hoy día es un escándalo de alcance mundial. Las revelaciones de Edward Snowden, ex agente de la CIA, y los reportes periodísticos de medios internacionales como “The Guardian”, “O Globo” y “Der Spiegel” dan cuenta de que la vigilancia de las agencias norteamericanas de inteligencia era de mucha mayor envergadura de lo que se pensaba originalmente. Hoy se sabe que se interceptaron millones de comunicaciones electrónicas de extranjeros (incluidos peruanos), vigilaron las actividades de países y empresas, obtuvieron secretos comerciales y hasta colocaron aparatos de vigilancia en las oficinas de la Unión Europea.
Algunos piensan que, en el fondo, esto no es una novedad que debería ser motivo de escándalo. El espionaje, después de todo, existe desde que existen los Estados y hay quienes sostienen que es necesario para salvaguardar la seguridad de cada nación. Sin embargo, hay varias características de este ‘chuponeo’ mundial sin precedentes que lo hacen especialmente grave.
Es la primera vez que sale a la luz que el Gobierno de EE.UU. utiliza un sistema que se salta los mecanismos tradicionales para proteger a las personas de los excesos en los que el Estado puede incurrir. Concretamente, la exigencia de que un juez apruebe la interceptación de comunicaciones de un individuo, basándose en la evidencia de que existe un peligro para la seguridad pública. Tenemos espías que no son fiscalizados por nadie.
Por otro lado, hasta el momento EE.UU. no ha dado una justificación razonable para vigilar a personas y entidades sobre las que no pesa sospecha de crimen alguno y que no representarían riesgo para la seguridad nacional.
Finalmente, estas operaciones se efectuaron a espaldas de las autoridades de los países y, en varios casos, con la colaboración de distintas empresas de telecomunicaciones ahí domiciliadas. Y esto último no solo supone una violación de la soberanía de aquellos países, sino la violación al derecho interno y de la privacidad de sus ciudadanos.
Varias naciones ya han presentado pedidos formales de explicación. El jueves, la ministra de RR.EE. informó que el Perú también exigiría a EE.UU. una explicación por el supuesto espionaje a peruanos. Y no le falta razón porque es la misión primordial del Gobierno defender a sus ciudadanos frente a cualquier Estado que viole sus derechos, incluida su privacidad.
En el Perú, los ciudadanos no hemos autorizado a nuestro Estado a arrogarse el papel de supervigilante. Y mucho menos hemos autorizado a otro país a convertirse en nuestro Big Brother.