A fines de 2019 el edificio Aranjuez, que alberga gran parte de los archivos históricos del Ecuador, fue declarado en riesgo de colapso. Han pasado tres largos años sin que el Ministerio de Cultura y Patrimonio haya dado una solución al problema. Más de mil días en que los investigadores no han tenido acceso regular a los archivos, de los que dependen para realizar sus tareas académicas.
La situación se mantiene irresuelta pese a las gestiones e insistencia de la “Coalición por la defensa del Patrimonio” –integrada por profesores e investigadores de universidades nacionales, ecuatorianistas de otros países, estudiantes, profesionales de archivos y bibliotecas, expertos en museos y personas vinculadas a la gestión cultural– quienes se han reunido con ministros y subsecretarios para explicarles la imperiosa necesidad de trasladar los fondos documentales a un lugar que garantice su seguridad material y la importancia de hacerlo con criterios técnicos, pues la gestión de los documentos históricos no es igual al manejo de libros ni de bienes museísticos. A pesar de ello, el Ejecutivo todavía no garantiza un espacio seguro para las colecciones ni para el público que las consulta.
Cabe preguntarse, como lo hace el historiador Guillermo Bustos, ¿cómo es posible que Quito, ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, carezca de una edificación donde reubicar los bienes culturales? Y considerar con seriedad su propuesta: separar las colecciones documentales de las reservas del museo, pues no existe ningún criterio técnico para mantenerlas bajo un mismo fondo, lo cual ha dificultado su traslado.
Este 2022, declarado el año del Bicentenario por autoridades nacionales y locales, la prioridad es asignar de un espacio físico apropiado para los fondos históricos, pues por negligencia gubernamental pueden perderse de manera definitiva las huellas insustituibles de un pasado común al que frecuentemente se invoca, pero al que se mantiene en permanente descuido.