Columnista invitada
Los ecuatorianos estamos a la expectativa de la renovación política. Para conseguirla tiene especial importancia el examen a la restructuración jurídica y al manejo financiero y económico impuesto por el gobierno de Correa.
La meta inmediata será establecer vías idóneas para la recuperación de la democracia y la justicia.
Los organismos del poder desempeñan el papel clave en el manejo del Estado y el Derecho, por lo cual se debe superar el escandaloso desequilibrio que se produjo en el régimen anterior.
El Ejecutivo monopolizó el sistema de gestión, impuso una ideología tergiversadora, un liderazgo abusivo y su intromisión en las otras funciones. De hecho ejerció el poder absoluto, y por tanto el ex presidente no puede lavarse las manos en las artimañas de su vicepresidente Glas.
La Asamblea Nacional, con una mayoría oficialista y dócil, no cumplió su deber de fiscalizar al Ejecutivo. Las leyes que dictó, por lo general, muestran el desentendimiento que mantuvo frente la realidad social y a las verdaderas necesidades populares. La de Recursos Hídricos, por ejemplo, priva a las comunidades indígenas del manejo del agua, que ancestralmente lo habían ejercido con prudencia y sabiduría.
La legislatura, bajo el predominio de Alianza País, AP se sometió a las coyunturas urdidas desde el Ejecutivo, confundiendo los intereses políticos del ex mandatario con los del Estado. Los resultados están a la vista: acusaciones de corrupción en las altas esferas, complicidad y temor en los mandos medios, pavor y silencio más abajo.
La separación de poderes garantizada en la Constitución no fue respetada, sino que contó con el contubernio de la función judicial para burlarla, como se deduce del informe del tratadista Luis Pásara sobre la justicia en el Ecuador actual.
El Consejo Electoral, elevado a la categoría de poder para darle un brillo de imparcialidad, sembró muchas dudas sobre la veracidad de los resultados electorales. Integrado con una mayoría abrumadora cercana a AP, no tuvo nunca visos de transparencia ni de neutralidad.
El Consejo de Participación Ciudadana, establecido con mañosa redundancia como si la Asamblea Nacional no existiera, siempre estuvo a órdenes del Ejecutivo, cuyos guiones determinaron la designación de funcionarios del más alto nivel, como el Fiscal y el Contralor, este último prófugo de la justicia y con causas abiertas para indagación..
La redención de la democracia, y los consiguientes cambios de procedimientos y personajes, no será solo responsabilidad del presidente Moreno, sino de la opinión pública independiente, los partidos y las organizaciones sociales.