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La gestión acordada con el FMI bajó el riesgo país pero debe pagar una tasa del 8 al 9% en los bonos emitidos y enfrentar las consecuencias sociales del ajuste que impactan siempre en la gente pobre, porque emitimos bonos para pagar deuda externa y no para desarrollo económico y social.
Por eso no hay dinero para: hospitales, medicamentos, obra pública empleadora ni recursos para investigar la trazabilidad del dinero de la corrupción. El gobierno se ha descuidado, por tanto viaje estéril del Presidente que no le permite percatarse de su desgaste político ni gestionar una prioridad social.
A pesar de esto, las ventas privadas en 2025 ascendieron a 168 500 millones de dólares y las utilidades de las grandes empresas subieron a 9 878 millones de dólares, por lo cual habrán pagado su impuesto a la renta. Sobre esta base, durante este año aumentarán las exportaciones de oro, cobre y otros metales que sobrepasarán los 1 381 millones de dólares de 2025, con cuyos ingresos las grandes empresas deberían generar su propia energía.
Los camaroneros también superarán en este año sus ventas junto con los bananeros, cacaoteros y atuneros así como las ventas de consumo masivo, telecomunicaciones, materiales de construcción, automotores y productos de la industria y agricultura. (Pero los empresarios medianos y trabajadores responsables del intercambio comercial con Colombia, que suma 3 millones de dólares, serán injustamente afectados).
Mas, la redistribución de los frutos del progreso no se ve en la población informal. Por eso es crónica la extrema pobreza de cuatro millones de ecuatorianos, que sufren la indolencia desatendida. Ante esta realidad innegable, la empresa privada debe cooperar pagando bien los impuestos sobre sus utilidades y renunciando a subsidios injustos. Como en la tributación no se aplica el principio de la generalidad, se deben eliminar las excepciones y rebajas puntuales, de modo que, sin subir los impuestos se podría atender las carencias sociales del Ecuador.
El Presidente Noboa necesita un buen equipo de Gobierno, no sujeto al autoritarismo, que pueda contratar honesta y eficazmente las obras de infraestructura, para gobernar bien, sin reacciones populistas sino con acciones prácticas que mejoren la calidad de vida de los más pobres, recuperar la paz y obviar el desgaste político estéril.