La reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque las fuerzas de la Asamblea se alinearon para que eso ocurra. En estos días aparecerán legisladores de las diferentes bancadas intentando lavarse las manos y señalando que votaron de tal o cual manera, pero lo que cuenta es el resultado final.
Los asambleístas tuvieron 30 días para tramitar, cambiar, quitar, sumar y mejorar el proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del Covid, pero no hicieron su trabajo y el texto original del Ejecutivo se publicará sin cambios en el Registro Oficial. Es decir, no hubo ningún aporte de la Asamblea para mejorar el proyecto tributario.
Lo ocurrido el viernes pasado en el Pleno de la Asamblea tiene varias lecturas, pero en resumen no hubo mayoría para nada, ni para aprobar el informe de mayoría de la Comisión de Desarrollo Económico ni para el informe de minoría. Y, por último, no hubo los votos para archivar el proyecto.
En la Asamblea intentan responsabilizar de lo ocurrido al bloque correísta, que no apoyó el archivo del proyecto. Sin embargo, la responsabilidad es de la Legislatura, que no hizo su trabajo en el último mes.
Y eso incluso pudiera ser positivo, ya que las posturas de diferentes bloques sobre el incremento del impuesto a la renta para las personas de mayores ingresos, por ejemplo, era contraria a los principios que dicen defender partidos como Pachakutik, la Izquierda Democrática y el mismo correísmo.
En el caso puntual del impuesto a la renta para las personas naturales, el Ejecutivo planteó una mayor contribución de quienes tengan ingresos sobre USD 2 000 mensuales, lo cual afectaba a un 3,5% de la población económicamente activa del país.
Era evidente que el peso de esta reforma caería sobre una minoría de la población. Sin embargo, durante el debate en la Comisión de Desarrollo Económico y en el primer debate en el Pleno de la Asamblea, legisladores de la Izquierda Democrática, Pachakutik, PSC, UNES, entre otros, señalaron que la reforma afectaría a la clase media y a la mayoría de la población.
La clase media en Ecuador no paga impuesto a la renta y eso es una realidad que los asambleístas ignoraron, al punto que concentraron sus esfuerzos en elevar esa base impositiva a USD 2 600 mensuales. Incluso partidos como la Izquierda Democrática plantearon que suba a USD 3 500 mensuales. Con esa posición beneficiaban a las personas de mayores ingresos, pero al mismo tiempo restaban recursos fiscales para atender programas sociales como bonos, transferencias y subsidios a las personas de menores recursos, a las cuales supuestamente quiere defender.
Está claro que la Asamblea esquivó su responsabilidad en la reforma tributaria, pero esa inacción favorecerá el plan económico del Gobierno, que obtendrá USD 1 900 más en los próximos dos años, asegurará el desembolso de créditos de los multilaterales y ayudará a reducir el riesgo país.