Los atrasos del Estado en los pagos a los proveedores de servicios y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados constituyen un capítulo más del régimen que habla de una supuesta década ganada. Estos atrasos ascienden a un 2% del producto interno bruto, es decir a alrededor de USD 2 000 millones.
Así lo reconoció estos días el ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera. El mismo funcionario informó que la meta del Gobierno es reducir los atrasos a menos del 1% del PIB, lo que sería una cifra “manejable y normal”.
El tema de los retrasos en los pagos, tanto a proveedores como a gobiernos locales, ocupa buena parte de las inquietudes de ciudadanos, autoridades y empresarios. Incluso el Gobierno presupuestó para este año algo más de USD 1 500 millones para ponerse al día con sus proveedores.
Pero los pagos no llegan y en los últimos meses se intensificaron las protestas y exigencias de los proveedores impagos en las afueras del Ministerio de Finanzas, al mismo tiempo que llegaban ofrecimientos de cancelar deudas, promesas que no se han cumplido en su totalidad.
Uno de los sectores en donde más se sienten estas demoras es el de hidrocarburos. Basta visitar el Coca o hablar con empresas de servicios petroleros para constatar que los atrasos han causado severos daños en regiones que dependen del crudo.
Precisamente, a mediados de junio pasado Petroamazonas reconoció que los atrasos con los proveedores de bienes y servicios llegaban a USD 1 500 millones. Y para ponerse al día la entidad estatal empezó a buscar financiamiento con un banco extranjero.
A escala nacional existen cientos de historias de proveedores que llevan meses de espera de los haberes pendientes. Construcción, alimentación, transporte, consultorías, limpieza y un largo etcétera están en la lista de sectores que esperan su dinero. Los reclamos son justos y el Estado tiene la obligación de cumplir pagos y ofrecimientos.