La reciente decisión judicial de exonerar de toda responsabilidad penal a la ex Ministra de Salud y sus colaboradores inmediatos preocupa como política reiterativa -ya pasó en el Ministerio del Deporte- porque estaríamos ante la repetición de ilícitos sin responsables.
No se trata de perseguir a la ex Ministra, pero si se admite en la sentencia procesos irregulares, alguien -ella u otros- son responsables, porque los ilícitos no nacen por generación espontánea.
No hay delitos, ni ilícitos sin responsables. Que las cosas aparezcan así, es tomadura de pelo.
¿Y la Contraloría, qué? En el caso particular su pronunciamiento es inculpatorio. Hay que reconocer que en este caso y en otros ha actuado en forma diligente, sin temor, a pesar de las afectaciones desde el poder expresadas en la eliminación de sus pronunciamientos previos en la contratación pública -que había sido filtro para la legalidad contractual y no traba pre-contractual como acusa el gobernante- y en la prohibición de modificar resoluciones de los funcionarios públicos, aun cuando sean ilícitas, por lo que sólo puede fijar responsabilidades.
¿Estará la Contraloría arando en el mar? A veces es la percepción, cuando la Fiscalía no abre indagaciones, ni procesos penales; y, cuando los jueces dejan caducar prisiones preventivas o fallan indebidamente.
No siempre tendrá razón la Contraloría, pero lo cuestionable es la omisión -de Fiscalía y Jueces- de actuar con oportunidad o que las actuaciones no se ajusten a derecho.
Verdad que la ley le prohíbe al Contralor publicitar los casos en que haya indicios de responsabilidad penal, pero cuando la Fiscalía no actúa -y estoy recordando la auditoría a la Asamblea Constituyente, de la que vamos a los dos años de su clausura- los indicios se pierden entre ser una burla a la justicia, o silencios que garantizan que lo que entre al limbo legislativo, cual fue el juicio político al Fiscal General, no se toca.
El Contralor, aun cuando no pueda reseñar los ilícitos que la fiscalía no procesa, o que las indagaciones no avanzan, debe decirle al país cuántos y cuáles son los casos, para que podamos generar una presión colectiva contra la impunidad creciente y encubierta desde el poder.
Las autoridades de control no deben arar en el mar, requieren entregar los insumos que permitan demandas y acciones colectivas, sólo así cumplirán su deber.
Las estadísticas frías de cuantas auditorías han realizado, cuantos pronunciamientos han formulado, cuantos informes han entregado y cuantos contienen responsabilidad penal, con lo que sólo pasan al ‘dormitorio’ fiscal, no son suficientes.
“Yo ya cumplí, que los otros hagan lo suyo”, no es una frase aceptable en un Contralor. Su obligación es persistir, para que las lacras de los que no hagan lo suyo queden al descubierto.