Andrés Vallejo

Ojo al “nuevo” Cpccs

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Viernes 10 de mayo 2019

La convicción sobre la inconveniencia de la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) se generaliza. La mala experiencia de los años de funcionamiento en que sus integrantes sirvieron para que desde el Estado se cooptara la participación ciudadana, su ninguna acción para impedir la corrupción y la designación para los altos cargos de control del Estado, siempre, a personas ligadas al Gobierno, tienen el rechazo ciudadano y convierten en imperativa su desaparición, empeño en el que no hay que cejar.

Si las autoridades de control, Superintendentes, Procurador, Fiscal, Contralor no son independientes en el ejercicio de sus funciones, sucede lo que sucedió en los diez años de revolución ciudadana: se eligió y reeligió a funcionarios que hoy enfrentan juicios por peculado, concusión y cohecho, en la trama de corrupción que escandaliza cada día y que revela, cada día también, nuevos atracos y abusos.

Un organismo así no debe existir. El hecho de que haya cambiado el Gobierno no garantiza que las cosas mejoren. Los gobernantes se tientan de usar ese mecanismo para concentrar el poder y abusar o para evitar controles. No es un problema, solamente, de las personas que lo integren. La democracia encuentra en los balances de poder sus limitaciones, y así como se evitan irregularidades, puede dificultar su gestión, y entonces se busca evitar esos controles, con buena o mala intención.

La elección popular de los integrantes del Cpccs resultó un remedio peor que la enfermedad. Con votación reducida -los votos nulos y blancos son mayores que los de cualquiera de los electos-, ilustres desconocidos todos ellos, que responden a actores dominantes en la política ecuatoriana- y con un proceso que buscaeliminar el organismo, no tienen legitimidad. El solo hecho de que ya se hable de que entre los elegidos hay correístas y nebotsistas demuestra que el mamotreto no tiene remedio. Su desaparición es imperativa.

El trámite que está en la Asamblea Nacional es el camino. Trasladar la facultad de elegir a las autoridades de control al Poder Legislativo e instituir una Comisión Anticorrupción integrada desde la sociedad civil, sin injerencia del Estado, es una fórmula adecuada y posible. No implica reforma a la estructura del Estado: traslada sus funciones a otros órganos públicos y ciudadanos. Toma un tiempo, el de un año que establece la Constitución entre el primer y el segundo debates.

Mientras se produce, los ciudadanos y las autoridades deben estar atentos a la actuación de los que se posesionarán en los próximos días, para que no se les ocurra transgredir la voluntad expresada en la Consulta Popular ni el buen trabajo realizado por Julio César Trujillo y los integrantes del Cpccs transitorio, que merecen reconocimiento nacional por la limpieza ejecutada.

Mucho ojo al “nuevo” Cpccs para evitar sorpresas, mientras desaparece