La criminalización de la protesta social en Ecuador durante el régimen de Rafael Correa inquieta en Ginebra.
En enero del 2017, al presentar sus observaciones finales sobre el séptimo informe del Ecuador, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas expresó preocupación por la “detención arbitraria de manifestantes y transeúntes en el marco de las protestas sociales ocurridas en 2015”.
El levantamiento indígena de agosto del 2015 dejó en Puyo policías heridos y la sede de Alianza País destruida. Hay siete condenados en Pastaza. ¿Los procesados son los autores? 22 meses después, un ambientalista fue detenido este 6 de junio por aquel caso, siete días después de que la Conaie solicitara a la Asamblea 177 amnistías y al presidente Lenín Moreno 20 indultos a favor de quienes considera criminalizados por protestar, entre ellos los 7 de Pastaza.
Se ofreció analizar los casos. Sí, hasta entonces, ¿encarcelar es la mejor expresión de diálogo? ¿Calificar a la Conaie de poco seria es clara señal de apertura? Si el Gobierno ratifica que al menos se podrían conceder 31 amnistías, ¿admite que alguien se excedió?
Hay que leer el último informe del Comité contra la Tortura de la ONU: “A pesar de las extensas explicaciones ofrecidas por la delegación del Estado sobre la reforma judicial, el Comité mantiene su inquietud por las informaciones que denuncian interferencia política en las decisiones judiciales”. Y “lamenta” que Ecuador “no haya proporcionado información detallada sobre las investigaciones (…) contra manifestantes acusados de delitos de terrorismo y sabotaje”.
En el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de Ecuador, este mayo en la ONU (Ginebra), Alemania recomendó al país poner fin a los juicios de sabotaje y terrorismo por protesta social. Suecia, España, Costa Rica, Corea del Sur aconsejaron a Ecuador garantizar la libertad de asociación.
Ahora que se buscará a la ONU para aplacar la corrupción, no estaría mal retribuir con el despeje de sus dudas en materia de DD.HH.